El juicio de los ERE continúa hoy con la declaración de Magdalena Álvarez

Magdalena Álvarez conversa con Chaves y Griñán. /EFE
Magdalena Álvarez conversa con Chaves y Griñán. / EFE

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El juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía se reanuda hoy con el interrogatorio a la exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, procesada por un delito de prevaricación por el que se enfrenta a 10 años de inhabilitación.

Álvarez fue consejera de Hacienda del Gobierno andaluz desde agosto de 1994 a febrero de 2004, año en el que fue nombrada ministra de Fomento en el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, del que formó parte hasta 2009.

Cuando estalló el 'caso ERE' era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, cargo del que dimitió en 2014, un año después de su imputación por la jueza instructora Mercedes Alaya, cuando la Audiencia de Sevilla ratificó dicha imputación.

A diferencia de 15 de los 22 procesados en este juicio, Álvarez no está acusada de malversación, sólo de prevaricación como responsable de la elaboración y gestión de los Presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas sociolaborales -mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA, encargado de abonarlas-.

Esta partida sufría cada año varias modificaciones presupuestarias para aumentar la cuantía destinada al pago de estas ayudas.

La Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por PP-A y Manos Limpias le piden una pena de 10 años de inhabilitación.

En función de la duración de los interrogatorios -la semana pasada el exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el exviceconsejero Agustín Barberá pasaron más de tres horas respondiendo a preguntas del fiscal- a Álvarez le seguirán en las sesiones previstas esta semana otros responsables de su consejería.

Según el orden previsto, tras ella será el turno del exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro; del exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa o el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, igualmente acusados todos ellos solo de prevaricación, un delito por el que afrontan la misma pena.

El PP-A acusaba también a estos procesados de un delito de asociación ilícita, por el que pedía dos años de cárcel a cada uno, pero en las cuestiones previas el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Sevilla estimó la petición de las defensas -apoyada por la Fiscalía y Manos Limpias- de eliminar este delito incluido de forma «sorpresiva» por el PP al final de la instrucción.

Sin ese delito, siete de los 22 acusados -entre ellos los que declararán esta semana además del expresidente Manuel Chaves y el exconsejero Gaspar Zarrías- no afrontan penas de prisión.

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