El juicio a Chaves y Griñán continuará el 9 de enero con las cuestiones previas

El juez Calle Peña. :: julio muñoz. efe/
El juez Calle Peña. :: julio muñoz. efe

M. D. T. SEVILLA.

El juicio a Chaves, Griñán y otros 20 excargos de la Junta socialista en Andalucía continuará el próximo día 9 de enero con las cuestiones previas. El arranque esta semana del juicio a la pieza política del 'caso ERE' no ha cumplido las expectativas de su tribunal. Así lo reconoció su ponente, Juan Antonio Calle Peña. Este había señalado tres días de juicio antes del paréntesis de la Navidad para las cuestiones previas de las partes, entre ellas la propuesta de nulidad del proceso por el abogado de Griñán. De esta forma, los tres magistrados del tribunal tendrían tiempo para estudiarlas y deliberar sobre ellas antes de comenzar el interrogatorio a los 22 imputados el día 9 de enero.

Ya no será así. Fiscalía y PP quisieron en la primera sesión, el miércoles día 13 de este mes, que se leyeran sus escritos de acusación en voz alta a los imputados, pese a que todos ya los conocían. Por este motivo, la mayoría de sus abogados pidieron al juez leer también parte de sus escritos de defensa, también conocidos, lo que ha llevado dos mañanas.

El juez Calle Peña planteó a las partes que la próxima semana se celebraran varias sesiones para abordar las cuestiones previas, pero varios abogados, entre ellos el malagueño Pedro Apalategui, expusieron que ya tenían señalados otros juicios y actuaciones judiciales con anterioridad sin posibilidad de aplazamiento. El magistrado sondeó incluso la posibilidad de prolongar a la tarde de ayer la sesión, pero tampoco tuvo una respuesta positiva. «No hay opción», admitió. El magistrado avisó a las partes que llevar las cuestiones previas al 9 de enero obligará a interrumpir las sesiones unos días, el tiempo que tarde en deliberar sobre ellas.

La vista de ayer se dedicó a completar la lectura de los escritos de defensa de los imputados. Solo cuatro han renunciado a ello, el exconsejero José Antonio Viera, el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río. El caso más curioso es el de el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, uno de los principales imputados en esta causa. Su abogado, Fernando de Pablos, no presentó escrito de defensa argumentado «estrategia procesal».

Todos los demás acusados han alegado sobre su inocencia con diferentes argumentos. Todos han criticado fallos «garrafales» en la instrucción y acusaciones. Han defendido que el sistema de las ayudas sociolaborales puesto en tela de juicio y por el que son acusados de prevaricación y malversación podría ser «inadecuado», pero no ilegal.

El escrito del exinterventor general Manuel Gómez, cuyo testimonio será clave en este juicio, expone que el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas «puede ser causa de nulidad de pleno derecho, pero no necesariamente de la comisión de una infracción penal como prevaricación o malversación».

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