La jueza advierte a Rivas de que no le temblará el pulso si ignora su ultimátum

Juana Rivas baja al parking próximo a los juzgados de Granada tras quedar el martes en libertad. :: AFP/
Juana Rivas baja al parking próximo a los juzgados de Granada tras quedar el martes en libertad. :: AFP

La magistrada imputa a los padres, los hermanos y la asesora legal de la madre de Maracena el delito de sustracción de menores

ALFONSO TORICES MADRID.

La titular del Juzgado de Intrucción número 2 de Granada se ha propuesto dar por concluido el 'caso Juana Rivas' la próxima semana. María Ángeles Jiménez, nada más volver de unos días de vacaciones, y a propuesta de la Fiscalía, dio ayer un ultimátum a la madre de Maracena. El próximo lunes, a las 17:00 horas, debe entregar en un punto de encuentro de Granada a sus hijos de tres y once años a su padre, Francesco Arcuri, de cuyo domicilio familiar en Italia se los llevó hace más de un año y a donde tienen que retornar por sentencia firme de los tribunales españoles.

La magistrada advierte a Rivas en el propio auto de que no permitirá nuevas huidas ni ocultaciones de los niños. Avanza que si ignora su orden, como ya hizo el 26 de julio con una equivalente dada por el Juzgado de Familia número 3 de esta ciudad, no le temblará el pulso. Está decidida a tomar, aclara, todas las medidas que sean necesarias para dar con el paradero de los menores, entre las que parece dispuesta a incluir, si son precisas, ordenes de busca y captura para ingreso en prisión o entradas y registros domiciliarios. En caso de incumplimiento, precisa en el auto, «este juzgado de instrucción adoptará las medidas cautelares que, vista la gravedad de los hechos investigados, se requieran».

Jiménez, que es la jueza que investiga la presunta comisión por Rivas de un delito de sustración de menores y otro de desobediencia a la autoridad judicial, explica que no le queda más remedio que dar el ultimátum por tres razones. Para hacer cumplir la sentencia (firme desde abril pasado) que obliga a Rivas a entregar de inmediato los niños a Arcuri; «ante la falta de colaboración total y absoluta» de la madre, que recuerda sigue sin querer decir a la justicia dónde tiene escondidos a los niños; y por lo que estima «primordial e inmediato»: localizar a los menores, de los que dice «nada se sabe» salvo «la información de prensa que, de forma interesada, ha vertido la investigada».

La intructora recuerda que la no entrega de los menores hace imposible que se sopese el deseo de la madre (que el mayor de los hijos sea escuchado para que confirme que su padre es un maltratador), pero además cree que puede estar provocando en los niños «una alienación parental», por llevar meses bajo la potestad de su madre y de quienes le «ayudan a custodiar a los menores en paradero desconocido» y por la presión a la que les somete.

La jueza, de hecho, también va a exigir responsabilidades penales a quienes cree que son estos colaboradores necesarios. Jiménez ha citado a declarar el miércoles como imputados en los delitos de sustracción de menores a los padres y hermanos de Rivas, a los que considera posibles «participes necesarios» en la retención ilegal de los niños. De igual manera, ha citado a declarar un día después, también como investidas por el delito de sustracción de menores, a la asesora legal de Rivas desde 2016 y directora de la oficina municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y a la psicóloga de la misma entidad, Teresa Sanz. Pretende determinar su presunta intervención en el delito, «bien como inductoras, bien como partícipes necesarios». Cree que es «necesario e imprescindible» interrogar a «aquellas personas que, de forma manifiesta, la han estado asesorando» durante su fuga para incumplir la sentencia.

La pena que reserva el Código Penal para este delito va de dos a cuatro años de cárcel, tanto para el autor, el inductor o el cooperador necesario. En este caso la hipotética sanción a la que se enfrentan sería doble por tratarse de dos niños.

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