Los jueces de Sevilla se rebelan por sobrecarga de trabajo

Veinte magistrados denuncian al Poder Judicial el «riesgo para la salud» por la cantidad de asuntos, que será mayor por macrocausas políticas como el 'caso ERE'

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

Los jueces de las cuatro secciones penales de la Audiencia de Sevilla han remitido un escrito de protesta y denuncia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la sobrecarga de trabajo que padecen y que prevén agravada por las macrocausas políticas relacionadas con investigaciones a la Junta de Andalucía, como las de los casos ERE e Invercaria.

El escrito, dirigido a la Comisión de Seguridad y Salud del Consejo General del Poder Judicial y hecho público ayer por los magistrados en una rueda de prensa, señalan el «riesgo para la salud física y psicosocial» de la sobrecarga que soportan. Recuerda que la media óptima de casos asignados al año para las secciones penales en España es de 264 a 316, pero que en el caso de Sevilla aumenta a 417, que fue la cifra del pasado año.

Los jueces añaden que la situación se espera peor para este año, ya que hay una baja de varios meses que solo se cubre unos días y que hay dos magistrados con dedicación plena sin tocar asuntos ordinarios, uno, Juan Antonio Calle, al primer juicio del 'caso ERE' con duración al menos hasta octubre; y otro, Ángel Márquez, a la sentencia por el caso de Manuel Lopera, expresidente del Betis.

Va para largo

Insisten que no hay visos de que se aligere la carga de trabajo, sino que «va para largo» ante la acumulación de macrocausas. Solo el 'caso ERE' acumula 200 causas e Invercaria otras 15.

El escrito ha sido firmado por 20 de los 21 magistrados de la Audiencia de Sevilla y en el mismo piden al Servicio de Prevención del CGPJ un informe que constate «la situación de riesgo» para su «salud física y psicosocial» y que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud impulse «las medidas necesarias».

Los magistrados dicen haber acudido al Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) para solicitar refuerzos, pero que no han obtenido la respuesta esperada y por ello han remitido la denuncia al máximo órgano de gobierno de la judicatura. A este le han dado cinco días de plazo para una respuesta «satisfactoria» En caso de no producirse acudirán a las asociaciones judiciales para que emprendan cuantas acciones consideren necesarias «en defensa de nuestros derechos».

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