Juana Rivas entrega a sus hijos, pero sigue atrapada en el laberinto judicial

Francesco Arcuri, a su llegada a la comandancia en los asientos traseros de un todoterreno. /F. Rodríguez
Francesco Arcuri, a su llegada a la comandancia en los asientos traseros de un todoterreno. / F. Rodríguez

La fiscalía mantiene el recurso de apelación contra el auto de libertad provisional, aunque hoy revisará su postura

J. MORALES GRANADA.

Juana Rivas se despidió en la mañana de ayer de sus hijos, de 11 y 3 años, en la comandancia de la Guardia Civil de Granada. Cumplió así con el requerimiento del Juzgado de Instrucción 2 de la capital, que el pasado jueves emitió un auto en el que reclamaba a esta vecina de Maracena la entrega de los menores a su progenitor, Francesco Arcuri. La juez había convocado a la madre para la tarde de ayer en un punto de encuentro familiar de la capital, pero Juana Rivas se adelantó a la cita y se personó en las dependencias de la Guardia Civil con los menores. La restitución de los niños pone fin a uno de los capítulos del caso Juana Rivas, pero ella sigue 'atrapada' en un laberinto judicial: la fiscalía interpuso el viernes un recurso de apelación contra auto de libertad provisional emitido hace una semana a favor de Rivas. Hoy revisará el recurso, aunque las fuentes consultadas no precisaron en qué sentido.

Los trámites de la restitución comenzaron a primera hora de la mañana. El Juzgado de Instrucción 2 recibió un escrito de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil que señalaba que, a las 11.50, Juana Rivas entregó voluntariamente a sus hijos en la comandancia. La magistrada titular, María Ángeles Jiménez, dio entonces por cumplido el mandato recogido en el auto del pasado jueves, y quedó anulada la cita en el punto de encuentro familiar, prevista para las 17 horas.

Francesco Arcuri recibió la notificación y veinte minutos antes de las dos de la tarde se personó en la comandancia. Llegó en un todoterreno gris que entró directo al recinto de seguridad, por lo que el italiano -condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar- no hizo declaraciones. Iba acompañado de su procuradora. Sobre las tres entró por la misma puerta la abogada de Juana Rivas, María Castillo, que salió apenas diez minutos. Los movimientos dentro de la comandancia sobre las tres y media anticiparon una salida que finalmente no se produjo por el acceso principal, sino por las puertas laterales del complejo. Dos vehículos con los cristales tintados trasladaron a Juana Rivas, por un lado, y a Francesco Arcuri, en compañía de sus hijos un año y tres meses después, por otro.

El abogado de Francesco, Adolfo Alonso, afirmó en declaraciones a la agencia Europa Press que hubo un «reencuentro normal» con el padre, y que los menores estaban «bien». «Los críos, en un periodo de tiempo corto, se vincularon perfectamente con su padre con toda normalidad», prosiguió. Ayer comenzaron los trámites para la vuelta a su domicilio habitual en Italia.

En el laberinto

Será allí donde se diriman los pormenores de la custodia de los niños, en un proceso por la vía civil. No es el único asunto por resolver en los tribunales. La justicia italiana ha de tramitar la segunda denuncia por malos tratos firmada por Rivas, cuya traducción quedó 'atascada' en España hasta el pasado 3 de agosto. La madre de Maracena amplió esta denuncia hace unos días. El nuevo texto, en principio, correrá la misma suerte: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 declarará previsiblemente la falta de jurisdicción y la enviará a traducir para su remisión a Italia.

Sigue en el aire la posibilidad de que Rivas recurra al Tribunal de Estrasburgo para lograr la protección que no ha encontrado agotando los itinerarios judiciales en España. Los letrados de Rivas cuentan con un plazo de seis meses para dar este paso.

Entretanto, sigue abierta la causa en el Juzgado de Instrucción número 2, que lleva las diligencias contra Rivas por los posibles delitos de desobediencia judicial y sustracción de menores. El jueves pasado, este juzgado dio un ultimatum a Rivas: ayer tenía que entregar a los niños o adoptarían medidas. Asimismo, llamó a declarar como investigadas como presuntas inductoras o partícipes de un delito de retención ilícita de menores tanto a la directora de Igualdad del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granada, como a la psicóloga Teresa Sanz. Está previsto que ambas presten declaración mañana. El jueves llegará el turno para los familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad, investigados por la misma causa.

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