Investigan al secretario de Estado de Hacienda por su etapa de alcalde de Jaén

José Enrique Fernández de Moya. :: efe/
José Enrique Fernández de Moya. :: efe

El juez lo cita a declarar el próximo día 5 de junio por presunta prevaricación y malversación en la contratación de una empresa

JOSÉ LIÉBANA JAÉN.

Si hace unos meses fue cuestionado a nivel nacional por la elevada deuda que dejó cuando a finales de 2015 dejó la Alcaldía de Jaén, el ayuntamiento más endeudado per cápita de las ciudades y capitales, esta vez es un juzgado el que ha puesto contra las cuerdas al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, presidente de honor del PP en la provincia y mano derecha del ministro Cristóbal Montoro. El Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén le ha citado a declarar, el día 5 de junio, como investigado - lo que antes era imputado - al observar indicios de la comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho y tráfico de influencias, por contratos cuando fue alcalde.

La investigación judicial se inició a raíz de una querella presentada por el Grupo Municipal Socialista a finales del año pasado, incoada en diciembre. Los hechos investigados se refieren a la contratación de la empresa zamorana Matinsreg, en los años 2012 y 2013, a la que se encargó el mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad. El PSOE cuestionó su contratación directa, mediante decreto de alcaldía, levantando luego los reparos de legalidad del interventor municipal y, sobre todo, la elevada cuantía de las facturas presentadas y cobradas en sucesivos años, como por ejemplo el litro de alguicida a 70 euros, cuando en el mercado tenía un precio de cuatro a cinco euros.

Un sobrecoste «grave»

La documentación aportada por el grupo de la oposición dio pie a una investigación de la Guardia Civil, cuya Unidad Orgánica de la Policía Local emitió un informe que es el que ha tenido en cuenta el juez, que observa «un quebranto patrimonial para el Ayuntamiento superior a 3.600.000 euros», dice el auto consultado por este periódico

El auto habla de «designación 'de facto' de la empresa» por parte del entonces alcalde y de que las facturas presentadas, «según el informe, pudieran ser calificadas como falsas, incorporando conceptos y servicios no ejecutados realmente, lo que supuso el enorme incremento del precio para el erario público» del Ayuntamiento, «incrementando enormemente el precio de los servicios y los productos facturados (no empleados realmente)» para «generar un sobrecoste de considerable gravedad».

Facturas a las que el técnico municipal daba el visto bueno «sin comprobar la ejecución de los trabajos, ni el empleo de los materiales que se facturaban, según se deduce de la documentación y comprobaciones efectuadas por la Guardia Civil», que también considera falsas «gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada». Para este informe se ha recabado documentación del Ayuntamiento de Jaén, de la Agencia Tributaria y un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil.

También han sido citados a declarar, igualmente como investigados, la actual tercera teniente de alcalde, Rosa Cárdenas, el técnico municipal que conformaba la «inmensa mayoría» de las facturas presentadas por Matinsreg y el «responsable de la emisión de las facturas» y representante de la empresa.

El secretario de Estado de Hacienda esgrimió desde Adra (Almería), a preguntas de los periodistas, que ayer aún no había recibido la citación judicial para declarar - el auto tiene fecha de 17 de mayo - y que una denuncia «idéntica» fue archivada por la Fiscalía Provincial en abril de 2014. A raíz de este archivo, el PSOE recabó más documentación sobre la actividad y la facturación que hacía de Matinsreg y, hace siete meses, presentó la querella, esta vez en el juzgado.

Fernández de Moya añadió que mientras fue alcalde «actuó en todo momento con el principio de legalidad en la mano», con un informe del secretario general del Ayuntamiento avalando la emergencia de contratar el servicio de mantenimiento y limpieza de las fuentes ornamentales y que por eso levantó los reparos de legalidad del interventor. De ahí que confiase en que tendrá la «oportunidad» de defenderse en sede judicial y pidió que no se dé de «manera parcial» la información».

El caso ha estallado en plena aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, trabajo del secretario general. «Mi patrimonio es mi honestidad», se defendió ayer. El PP de Jaén ha defendido su honestidad. El portavoz de la Junta andaluza rechazó pronunciarse bajo la máxima de respetar los procedimientos judiciales.

Juan Marín (Ciudadanos) calificó las acusaciones de «graves» y pidió que se aclare pronto su situación. El coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha sido el más contundente en pedir su dimisión, respaldado por IU Andalucía.

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