La inversión del Estado en Andalucía, en mínimos históricos

El consejero Antonio Ramírez de Arellano. /Efe
El consejero Antonio Ramírez de Arellano. / Efe

La tasa regionalizable en porcentaje de PIB se sitúa en el 0,7%, muy lejos del 3% que llegó a alcanzar en 2009

Lalia González
LALIA GONZÁLEZ

La Junta de Andalucía intensifica su batalla política por conseguir una mayor tasa de inversión del Estado, convencida de que es clave para mejorar la situación de la comunidad. Incluso reclama, y el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, no se cansa de repetirlo, un plus para corregir desequilibrios y reducir la distancia en renta per capita de los andaluces respecto a las comunidades más ricas, que se resiste a disminuir. Tras la alarma suscitada por la merma en los Presupuestos de 2017, cuando el gasto del Gobierno de Rajoy en la región cayó un 36,6%, ahora el Ejecutivo de Susana Díaz prepara nueva munición para que no le ocurra lo mismo en las cuentas públicas del próximo ejercicio, que ya se han de comenzar a preparar en el Ministerio de Hacienda.

El Boletín de Coyuntura Económica de julio de la Secretaría General de Economía da alas a esta reclamación. Establece que desde el año 2000 la inversión regionalizable en porcentaje de PIB en Andalucía nunca ha estado tan baja. Si entonces,con el Gobierno de Aznar, era del 1,1%, para este ejercicio de 2017 se sitúa en el 0,7%.

La curva traza un ritmo ascendente a partir del último año del Ejecutivo de PP, 2004, con un 2,2%, mientras que a partir de la llegada de Rodríguez Zapatero las subidas oscilan hasta elevarse al 3% de inversión en 2009, el pico máximo que se mantendría apenas un año más, y en el 2,9%, para luego sufrir el descenso de la crisis y situarse en 2011 ya en el 2,1%.

La llegada de Rajoy ese año, y el duro ajuste económico que sufrió el país, dejaron la tasa de inversión por los suelos, entre el 1,2% y el 1,4%, pero es en 2017 cuando baja del dígito, al 0,7% según este servicio de estudios, a pesar de los teóricos mejores resultados de la economía española. De este modo, la inversión regionalizable consignada para Andalucía en el Proyecto de PGE de 2017 es de 1.157 millones de euros, un 36,6% inferior a la consignada en los PGE de 2016 y la más baja desde 2001.

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Economía argumenta que se trata de uno de los principales instrumentos que tiene la Administración del Estado para corregir los desequilibrios regionales de riqueza por habitante en España y que el maltrato a Andalucía tiene una repercusión directa en la convergencia de la región con el resto de España. Esto es en especial así en la comunidad, donde el peso del sector público, en sus diferentes niveles de administraciones, tiene una importancia mayor que en otras zonas, siendo esta ya de por sí, y de manual, muy relevante «y complementario al sector privado en los procesos de acumulación de capital físico necesarios para el crecimiento económico. De hecho, uno de los factores que explica los diferenciales de renta per cápita entre las economías, es la desigual dotación de infraestructuras e inversiones», indica el Departamento.

Andalucía esgrime también en que la inversión consignada supone un flagrante incumplimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece en el segundo punto de su disposición adicional tercera (DAT), que «la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado». Aunque la disposición «se viene incumpliendo de manera reiterada y continua desde 2012», dice la Junta, el argumento no parece inquietar a nadie en Madrid.

Andalucía esgrime que la inversión consignada supone un flagrante incumplimiento del Estatuto de Autonomía

Las cuentas de la Junta indican que en los últimos cinco ejercicios económicos cerrados, de 2012 a 2016, la inversión regionalizable presupuestada para Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado se ha situado de media 1,7 puntos por debajo del peso relativo en población que la comunidad autónoma tiene sobre España, en un 17,9% de media en estos cinco años, y coloca la pérdida de recursos acumulada por este incumplimiento de la DAT de 979 millones de euros.

Pero además, y el consejero Ramírez de Arellano lo ha esgrimido en sus recientes declaraciones, está calculado que esta merma de recursos tiene un coste constatable, que se sitúa en el 0,7% del PIB andaluz. Es decir, que con una inversión adecuada, el diferencial de la comunidad con respecto al crecimiento de la media española y de las regiones más ricas hubiera sido bien diferente.

«La inversión es un componente directo del PIB, que, desde el punto de vista de la demanda, se calcula como suma de consumo, inversión y saldo exterior (exportaciones – importaciones). De esta forma, los 979 millones menos de inversión regionalizable por incumplimiento de la DAT, suponen una disminución en una cuantía equivalente al 0,7% del PIB generado en Andalucía en este período», dice la Secretaria General de Economía en una nota.

El diferencial desfavorable del crecimiento económico de Andalucía es de 0,6 puntos porcentuales en términos reales entre 2012 y 2016. Por tanto,concluye la Junta, de haberse cumplido la inversión obligada por el Estatuto no se habría producido esta distancia.

Arellano afirma «Andalucía viene sufriendo en los últimos años recortes en las dotaciones de inversión del Estado, que están mermando su potencial de crecimiento, y su convergencia con el conjunto de España» y reitera que los Presupuestos Generales del Estado para el presente año 2017 vuelven a incumplir nuevamente la DAT, con una dotación de inversión para Andalucía inferior en 392 millones de euros a la que le correspondería en función de su peso poblacional. Con ello, en los últimos seis años (2012 a 2017), la pérdida de recursos para Andalucía por incumplimiento de la DAT asciende a 1.370 millones de euros, lo que representa el 0,9% del PIB.

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