La interventora dice que Trabajo sabía que el sistema de los ERE era «opaco» al control

SUR SEVILLA.

La interventora de la Junta, Teresa Arrieta, declaró ayer que la Dirección General de Trabajo «sabía» que estaba concediendo ayudas sin expediente de gasto sometido a fiscalización previa, un sistema que era «opaco al control» aunque suponía una «irregularidad administrativa» y no menoscabo de fondos.

Arrieta ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Para la interventora adjunta al interventor general desde 2005, ese sistema impedía que las ayudas fueran sometidas a fiscalización previa como era obligatorio para toda subvención concedida por un órgano de la Junta y eso «la Dirección General de Trabajo lo sabía», ya que en la misma se fiscalizaba la transferencia de financiación (el envío de fondos a IDEA) pero la Intervención no veía ningún expediente de gasto de la ayuda al pagarse en IDEA, donde el control es a posteriori.

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