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Martes, 12 de junio 2018, 00:01
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La interventora de la Junta, Teresa Arrieta, declaró ayer que la Dirección General de Trabajo «sabía» que estaba concediendo ayudas sin expediente de gasto sometido a fiscalización previa, un sistema que era «opaco al control» aunque suponía una «irregularidad administrativa» y no menoscabo de fondos.
Arrieta ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.
Para la interventora adjunta al interventor general desde 2005, ese sistema impedía que las ayudas fueran sometidas a fiscalización previa como era obligatorio para toda subvención concedida por un órgano de la Junta y eso «la Dirección General de Trabajo lo sabía», ya que en la misma se fiscalizaba la transferencia de financiación (el envío de fondos a IDEA) pero la Intervención no veía ningún expediente de gasto de la ayuda al pagarse en IDEA, donde el control es a posteriori.
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