La importancia de un presupuesto

Andalucía en el diecisiete

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

Andalucía tendrá Presupuesto para 2018. Una buena noticia, tenga las pegas que se le quieran poner a su contenido. La oposición aún tiene mes y medio para discutirlo y mejorarlo. No hay, por ello, razones para rechazar su debate, como han anunciado PP y Podemos. Hoy hago algunas observaciones sobre este Presupuesto de 34.759,5 millones de euros. El Gobierno de Susana Díaz pone el foco en que garantiza la estabilidad política frente al polvorín nacional por el conflicto de Cataluña y la dificultad, casi imposibilidad, del Gobierno en sacar adelante sus cuentas del Estado en estas circunstancias. Ese argumento de la estabilidad lo viene usando Díaz desde que llegó a la Presidencia de la Junta en 2013, pero quizás ahora más que nunca se ve su trascendencia con la diáspora de empresas de Cataluña por su inestabilidad política. Algunas de esas empresas nacieron en Andalucía y se fueron a Barcelona por su gran influencia nacional e internacional. Vuelven como hijos pródigos. Otras no. Ya les hubiera gustado al ejecutivo de Susana Díaz que buques insignia como CaixaBank ubicara su sede social en Andalucía, donde hace gran negocio y donde engulló sus cajas de ahorros de Sevilla y Cádiz. Pero no ha sido así. Tampoco Planeta, cuyo fundador, José Manuel Lara Hernández, era de El Pedroso (Sevilla). A su hijo nacido en Barcelona, y también fallecido, José Manuel Lara Bosch, la Junta le concedió la medalla de Andalucía en 2013 y el Ayuntamiento de Sevilla le hizo hijo adoptivo. Cuando recibió la medalla se definió a sí mismo como un «cataluz» por el amor hacia Andalucía que le inculcó su padre. Hubo dentro del Gobierno andaluz quien soñó despierto con que Planeta trasladara su sede social a Sevilla. Un sueño fugaz.

La mayor empresa de Andalucía es la Junta de Andalucía y a sus 264.000 empleados Susana Díaz dedica gran parte del incremento de mil millones de euros y pico en las cuentas del próximo año. El objetivo también es la estabilidad. La de casa, que es muy importante. Los funcionarios de la Junta llevan revolviéndose muchos años contra los gobernantes de San Telmo y el edificio Triana de la isla de La Cartuja (donde se ubica la Consejería de Hacienda y Administración Pública). Una enemistad que viene de las protestas contra la consideración de empleado público a los 'enchufados' de las agencias en 2010, antes de los recortes de 2012 forzados por el decreto del primer gobierno de Rajoy para ajustar el déficit. Los recortes a sus salarios, la inseguridad jurídica y el ambiente enrarecido por los casos ERE y cursos de formación contribuyeron también a un gran malestar del personal de la Junta. Las mareas sanitarias han sido el último capítulo.

El Presupuesto incluye una subida salarial del 1,5%, terminará de recuperar la paga extra sisada en 2012, dedicará dinero a contratar 1.500 sanitarios y mantendrá los 7.000 puestos creados por las 35 horas. Incluso si estas son suspendidas por el Tribunal Constitucional, la consejera de Hacienda prepara otras compensaciones a los empleados públicos. Como colofón ningún sueldo será inferior a mil euros. Una medida esta que afecta solo a 300 personas, pero que es vista por los sindicatos como un gran logro.

El Presupuesto andaluz está diseñado, pues, para doce meses de tranquilidad en la Junta antes del año frenético de elecciones autonómicas y municipales en 2019. Mira sobre todo hacia dentro, hacia quienes deben atender los servicios públicos y llevar a cabo todas las políticas. En este sentido el Presupuesto es un acierto. Esta es la gran novedad, ya que el resto, el dinero para fuera, para el empleo, las industrias, los cursos de formación, los libros gratuitos, la bajada del impuesto de sucesiones, la bonificación de las matrículas universitarias, el salario social, las tres comidas, la partida para dependencia y para inversiones en infraestructuras siguen siendo exiguas, botones de muestra, pese al crecimiento, para una población tan achicharrada por la crisis.

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