La hora de los abogados

Sala de vistas donde se celebrará el juicio a Chaves y Griñán y otros 20 exaltos cargos de sus gobiernos./Efe
Sala de vistas donde se celebrará el juicio a Chaves y Griñán y otros 20 exaltos cargos de sus gobiernos. / Efe

La defensa de Griñán planteará la nulidad del juicio del ‘caso ERE’ que arranca hoy, mientras que la de Martínez Aguayo pedirá que los 22 procesados declaren después de los peritos

MARIA DOLORES TORTOSA

Varias pantallas de televisión con el logo de la Junta de Andalucía destacan nada más entrar a la sala de vistas de la planta cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que a partir de esta mañana comienza el primer juicio del ‘caso ERE’ siete años después de iniciada la investigación. El logo de las pantallas no llamaría la atención si no fuera porque en la hilera de sillas dispuesta frente al estrado del tribunal se sentarán entre los 22 acusados dos expresidentes de los gobiernos socialistas de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Bajo el mandato del primero se diseñó ese logo y la Junta recibió las competencias de Justicia (1997) y también las políticas activas de Empleo (2003). Las dos fueron transferidas a la Administración autonómica andaluza por gobiernos del PP.

Este partido estará presente en la sala ya que es acusación particular en la macrocausa de los ERE (expedientes de regulación de empleo), donde aquellas competencias transferidas se cruzan ahora en un proceso que lleva convulsionando la política andaluza desde 2011.

Junto a Manos Limpias y los fiscales intentarán demostrar que los acusados, para los que piden penas de prisión e inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y asociación ilícita (solo el PP), diseñaron, ejecutaron y mantuvieron en el tiempo un programa presupuestario de ayudas sociolaborales a empresas en crisis al margen de la normativa de subvenciones y sin control previo de la Intervención de la Junta con fines de clientelismo político para mantenerse en el poder.

El juez que procesó a Chaves y Griñán se queda sin entrar como refuerzo esta vez

El proceso a la cúpula de los gobiernos socialistas de Andalucía no deja de aportar polémica incluso un día antes de que la Audiencia de Sevilla abra sus puertas para el juicio en medio de una gran expectación mediática. Hay 160 periodistas acreditados. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer a última hora el refuerzo de la Audiencia de Sevilla para que las dos magistradas que estarán en el tribunal del juicio de los ERE queden liberadas de otras causas. Uno de los jueces que aspiraba entrar en la Audiencia de Sevilla como refuerzo era el mismo que procesó a Chaves y Griñán, el juez Álvaro Martín. Este fue instructor de la causa como solución salomónica por la pelea entre la primera instructora, Mercedes Alaya, y su sucesora, María Núñez Bolaños, en el juzgado 6. Esta vez, sin embargo, no ha podido entrar como refuerzo.

El Poder Judicial decidió aprobar solo dos jueces de apoyo y no tres como solicitaba el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, aunque hubo disparidad y división en la votación. Álvarez pidió tres jueces para que primero reforzaran la sección primera, encargada del juicio a Chaves y Griñán, y luego otras secciones en las que se prevé colapso por otros juicios relacionados también con la administración andaluza. La elección de jueces se hace por veteranía.

La tardanza del refuerzo no es la única dificultad a la que se enfrenta Álvarez y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la gestión logística del juicio de mayor expectación en esta comunidad desde el ‘caso Malaya’. Su presidente, Lorenzo del Río, se ha quejado numerosas veces de falta de medios materiales y humanos.

Austeridad

El juicio a los expresidentes va a reflejar esa carestía de medios justo cuando se cumplen 20 años de la transferencia de Justicia a la Junta, presidida entonces por Chaves, quien hoy se sienta en el banquillo. Un ejemplo de la precariedad de las instalaciones de Sevilla es cómo ayer a última hora aún se estaba acondicionando dos aseos para uso de procesados y abogados.

El TSJA ha podido proporcionar a los letrados ‘wifi’ para conectarse a Internet, pero no a los 160 periodistas acreditados e instalados en una sala de prensa alejada de la Audiencia. Solo seis podrán entrar en la estrecha sala de vistas, junto a una decena de personas como público.

La austeridad rige para todos. El juez ponente, Juan Antonio Calle, hizo ayer pública una providencia en la que solicita a los expresidentes y demás procesados que si entran en coche en lugar de a pie en el recinto acordonado por cuestiones de seguridad, «en la medida de lo posible», lo hagan «en vehículo compartido».

Frente a ellos, una veintena de letrados de la defensa de los expresidentes, de seis consejeros de sus gobiernos de dos décadas (Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández y José Antonio Viera) y otros 14 cargos y altos funcionarios, harán ver sobre todo que a ninguno se les acusa de enriquecimiento personal con la partida de 741 millones de euros repartida desde 2001 a 2010 puesta en tela de juicio. A partir de ahí, está por ver a lo largo de este proceso, que se prevé superior al medio año, cómo se posicionan las defensas y si llevarán una estrategia conjunta o habrá choque entre ellas por los intereses encontrados de los acusados, sobre todo entre los exresponsables de Hacienda y de Empleo.

Los de Hacienda siempre han insistido en sus declaraciones que el procedimiento era legal y si hubo irregularidades en las ayudas (intrusos, sobrecomisiones y adjudicaciones sin expediente siquiera) se circunscribían al ámbito de Empleo. Con anterioridad al juicio, algunos letrados han mantenido reuniones preparatorias en un despacho de abogados sevillano.

Hoy comenzará a oírse parte de su estrategia cuando se planteen las cuestiones previas, ya que los interrogatorios no empezarán hasta el 9 de enero. Llega, pues, la hora de los abogados.

Cuestiones previas

Una de esas cuestiones previas sobre las que debe decidir el tribunal formado por los magistrados Juan Antonio Calle, Pilar Llorente y Encarnación Gómez es la petición de nulidad por defecto de forma que planteará el abogado José María Mohedano, defensor de José Antonio Griñán y el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano. Mohedano insistirá en que el auto de procesamiento es nulo pues quien lo instruyó, Álvaro Martín, no era el juez titular del número 6, una vez que Mercedes Alaya se vio obligada a dejar el caso al ascender a magistrada de la Audiencia de Sevilla.

No parece probable que el tribunal acceda a la nulidad, si bien sí ha aceptado que se integre en la causa a petición de Mohedano el escrito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el que se reconoce haberse otorgado ayudas sociolaborales sin concurso público y publicidad, como la Junta, según una orden ministerial de 1995. Parte de las defensas creen importante este escrito porque daría veracidad a que el instrumento era legal, aunque luego se utilizara mal por Empleo.

Para algunas fuentes judiciales resulta interesante la petición que planteará la defensa de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, que solicitará al tribunal que los acusados declaren después de que el ministerio público formule las cuestiones de su acusación y declaren los peritos y testigos. No es lo habitual, pero se ha hecho en el juicio por violación de ‘la Manada’ en Pamplona.

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