Griñán apunta a Empleo sobre el fraude en los ERE

José Antonio Griñán, durante su declaración en la vista oral del juicio del 'caso ERE'. :: raúl caro. efe/
José Antonio Griñán, durante su declaración en la vista oral del juicio del 'caso ERE'. :: raúl caro. efe

El expresidente de la Junta defiende la legalidad del sistema y afirma que actuó cuando supo de las irregularidades al estallar el caso en 2011

MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA.

El expresidente de la Junta José Antonio Griñán intentó ayer, en una declaración sosegada y con argumentos técnicos, convencer al tribunal del juicio del 'caso ERE' que el sistema de las ayudas sociolaborales no es ilegal, como sostiene la acusación, que nunca supo de irregularidades hasta que estalló el caso en 2011 y que fue entonces, como presidente de la Junta, cuando actuó con una investigación interna y la orden de remitir a la Cámara de Cuentas la fiscalización del programa de la 31L. Griñán admitió, no obstante, que hubo una gestión «algo discutible y censurable» sobre algunas de las ayudas sociolaborales que concedió la administración autonómica para prejubilaciones y empresas en crisis, 741 millones de euros desde 2000 a 2010. De forma reiterada, el expresidente apuntó a la Consejería de Empleo, sin nombrarla apenas, como responsable de la gestión de esas ayudas y, por tanto, de las posibles irregularidades o fraude que pudieron cometerse.

Griñán, que comparece en el juicio de la pieza política del 'caso ERE' como acusado junto a otros 21 excargos socialistas, entre ellos el expresidente Manuel Chaves, se enfrenta a seis años de prisión y treinta de inhabilitación acusado de prevaricación y malversación por idear o mantener un procedimiento administrativo ilegal para conceder ayudas de forma opaca y sin control, lo que derivó en desmanes como sobrecomisiones de aseguradoras.

Griñán no solo defendió su actuación «irreprochable» respecto al 'caso ERE', como ya hizo ante el Tribunal Supremo en 2015, cuya declaración ratificó e hizo anotar que el alto tribunal no le acusó de malversación. También extendió en su declaración un cinturón sanitario para salvar de forma clara y contundente al resto de cargos implicados en esta causa, desde los de la Consejería de Hacienda, de la que fue titular desde 2004 a 2009, hasta la agencias IFA-IDEA, que pagaba las ayudas, e incluso los servicios jurídicos y el exinterventor general. A todos ellos defendió, salvo a Empleo al que dirigió de forma sutil pero clara todos los reproches. Respondió de forma rotunda que nunca conoció al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, gestor de las ayudas y principal encausado. También desmintió al exconsejero Antonio Fernández, cuando aclaró al juez Juan Antonio Calle que el Consejo de Gobierno conocía la ficha presupuestaria de los ERE, pero no a quién iba destinado el dinero.

LAS FRASESPresupuestos «Conozco el programa presupuestario, pero nunca conozco la ejecución del gasto» Transferencias de financiación «No eran las transferencias las que impedían la fiscalización, sino una mala gestión del gasto» Alertas de la Intervención «Se me informó de la existencia de los informes por la causa, pregunté y se me dijo que ninguno había sido remitido para actuación del consejero» Cámara de Cuentas La Cámara de Cuentas nunca hizo tacha o reproche de ilegalidad al programa presupuestario de la 31L»

En una sesión de mañana y tarde y a preguntas primero del fiscal Manuel Fernández y después de su abogado José María Mohedano, utilizó varias afirmaciones mollares con este hilo: Hacienda presupuesta, pero nada tiene que ver con el uso del gasto que hacen las consejerías, en este caso Empleo. «Lo que hace un consejero de Hacienda es atusar el gasto», manifestó; Las transferencias de financiación no se utilizaron de forma ilegal para pagar las ayudas por IFA-IDEA; Él nunca conoció que hubiera irregularidades: Nunca le llegaron a su mesa los informes del exinterventor general porque no llevaban parejo la alarma de actuación y no la llevaban porque la Intervención no vio menoscabo de fondos públicos; la Cámara de Cuentas tampoco debió de verlos, puesto que tampoco hizo ninguna «tacha» en sus informes de fiscalización de las cuentas generales de la Junta.

Por todo ello Griñán subrayó que «desconocía absolutamente» que hubiera irregularidades del programa de los ERE hasta la causa judicial, abierta en 2011. Es más, dijo que no tenía conocimiento del programa de forma detallada. Respondió al fiscal que nunca habló con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández del programa 31L, porque era «insignificante» en el conjunto de unas cuentas de algo más de 30.000 millones de euros, un 0,3% del conjunto.

Avisos de la Intervención

También recordó que la preocupación de su departamento aquellos años era el «déficit y desajuste presupuestario en sanidad». Sobre la 31L recordó que en todos los ejercicios «la ejecución del gasto era inferior al crédito». No hubo, en definitiva, señales que alertaran de ayudas sin expediente preceptivo, entregadas a capricho (como el millón de euros concedido al chófer de la cocaína).

El fiscal insistió con preguntas sobre los avisos de la Intervención a partir de 2005 sobre el uso «inadecuado» del procedimiento de las ayudas. Griñán reiteró que nunca recibió ninguno, pese a que iban dirigidos a su nombre. Insistió en que Hacienda no tiene obligación de fiscalizar cómo gasta cada consejería sus partidas, salvo que la Intervención hubiera alertado de menoscabo de fondos. «La Consejería de Hacienda no tiene ninguna supremacía sobre las otras», dijo. También recalcó que no todas las «debilidades» detectadas por el control financiero derivan en un informe de actuación. Entiende que no se hizo porque la Intervención no vio desvío de dinero público y por ello él no tuvo conocimiento.

Transferencias inocentes

Sobre el exinterventor general que firmó aquellos informes, Manuel Gómez, también encausado, llegó a decir que en su declaración, en la que matizó los reproches de que no se le hiciera caso a sus advertencias, tuvo «una actuación muy rigurosa». Contó que cuando estalló el caso «se me informó de la existencia de los informes para la causa, pregunté y se me dijo que ninguno había sido remitido para actuación del consejero». La persona que le informó era su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, también procesada y que así lo ratificó en su declaración.

Griñán reiteró varias veces la legalidad e «inocencia» de las transferencias de financiación, el instrumento presupuestario para el pago de las ayudas a través de la agencia IFA-IDEA, clave en los delitos que se le imputan. «No era la transferencia de financiación la que impedía la fiscalización, sino una mala gestión del gasto», frase contraria a la tesis de la acusación y que vuelve a situar en la dirección general de Trabajo la responsabilidad de las ayudas. «El IFA no tenía más que hacer el pago de algo que ya había reconocido Empleo». «Y es el gasto el que se tiene que gestionar conforme a las leyes vigentes», remarcó en otro momento.

Más

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos