Griñán apunta a Empleo en el juicio de los ERE

Griñán, durante su declaración. / EFE

El expresidente de la Junta considera algo «discutible y censurable» la gestión de las ayudas sociolaborales que hizo esta consejería

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El expresidente de la Junta José Antonio Griñán ha señalado a la Consejería de Empleo como responsable de una gestión «algo discutible y censurable» de las ayudas sociolaborales que concedió la administración autonómica para prejubilaciones y empresas en crisis, 741 millones de euros desde 2000 a 2010. Griñán se ha expresado de esta forma en el juicio de la pieza política del 'caso ERE' en el que comparece con otros 21 excargos socialistas como acusados. El expresidente no solo ha defendido su actuación «irreprochable» respecto al 'caso ERE', como ya hizo ante el Tribunal Supremo en 2015, cuya declaración ha ratificado. También ha defendido de forma clara y contundente al resto de departamentos implicados en esta causa, desde la Consejería de Hacienda, de la que fue titular desde 2004 a 2009, hasta la agencias IFA-IDEA, que pagaba las ayudas, e incluso los servicios jurídicos y el exinterventor general. A todos ellos ha defendido, salvo a la dirección general de Trabajo, que no ha mencionado, pero a la que parecen haber ido todos los reproches. Ha respondido de forma seca y rotunda que nunca conoció al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero.

En una sesión de mañana y tarde y a preguntas primero del fiscal Manuel Fernández y después de su abogado, José María Mohedano, ha utilizado varias afirmaciones mollares con este hilo: Hacienda presupuesta, pero nada tiene que ver con el uso del gasto que hacen las consejerías, en este caso Empleo. «Lo que hace un consejero de Hacienda es atusar el gasto», ha manifestado; Las transferencias de financiación no se utilizaron de forma ilegal para pagar las ayudas por IFA-IDEA; Él nunca conoció que hubiera irregularidades: Nunca le llegaron a su mesa los informes del exinterventor general porque no llevaban parejo la alarma de actuación y no la llevaban porque la Intervención no vio menoscabo de fondos públicos; la Cámara de Cuentas tampoco debió de verlos, puesto que tampoco hizo ninguna «tacha» en sus informes de fiscalización de las cuentas generales de la Junta.

Por todo ello Griñán ha dicho que «desconocía absolutamente» que hubiera irregularidades del programa de los ERE hasta la causa judicial, abierta en 2011. Es más, ha dicho que no tenía conocimiento del programa de forma detallada, por lo que era imposible que participara de un procedimiento ilegal para su desarrollo «a pesar de lo que dice la acusación». Ha respondido al fiscal que nunca habló con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández del programa 31L, porque era «insignificante» en el conjunto de unas cuentas de más de 30.000 millones de euros y con numerosos programas, una cincuentena, ha mencionado. «Con el señor Fernández nunca hablé de la partida 31L, del presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo, casi siempre», ha afirmado. También ha recordado que la preocupación de su departamento aquellos años era el «déficit y desajuste presupuestario en sanidad». Sobre la 31L ha recordado que en todos los ejercicios «la ejecución del gasto era inferior al crédito». No hubo, en definitiva, señales que alertaran de ayudas sin expediente preceptivo, entregadas a capricho (como el millón de euros concedido al chófer de la cocaína) o sobrecomisiones millonarias. También ha insistido en que no se tratan de subvenciones, sino de ayudas asistenciales, por lo que tampoco se regirían por la norma que exige publicidad.

El fiscal ha insistido con preguntas sobre los avisos de la Intervención a partir de 2005 sobre el uso «inadecuado» del procedimiento de las ayudas. Griñán ha reiterado que nunca recibió ninguno, pese a que iban dirigidos a su nombre. Ha insistido en que Hacienda no tiene obligación de fiscalizar cómo gasta cada consejería sus partidas, salvo que la Intervención hubiera alertado de menoscabo de fondos. «La Consejería de Hacienda no tiene ninguna supremacía sobre las otras», ha dicho. También ha recalcado que no todas las «debilidades» detectadas por el control financiero derivan en un informe de actuación. Entiende que no se hizo porque la Intervención no vio desvío de dinero público y por ello él no tuvo conocimiento. Sobre el exinterventor general que firmó aquellos informes, Manuel Gómez, también encausado, ha dicho que tuvo «una actuación muy rigurosa» y que era «el alma» del Consejo de Gobierno. Ha subrayado que cuando estalló el caso «se me informó de la existencia de los informes para la causa, pregunté y se me dijo que ninguno había sido remetido para actuación del consejero». La persona que le informó era su viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, también procesada y que así lo ratificó en su declaración.

Griñán ha reiterado varias veces la legalidad e «inocencia» de las transferencias de financiación, el instrumento presupuestario para el pago de las ayudas a través de la agencia IFA-IDEA, clave en los delitos que se le imputan. «No era la transferencia de financiación la que impedía la fiscalización, sino una mala gestión del gasto», frase contraria a la tesis de la acusación y que vuelve a situar en la dirección general de Trabajo la responsabilidad de las ayudas. «El IFA no tenía más que hacer el pago de algo que ya había reconocido Empleo». «Y es el gasto el que se tiene que gestionar conforme a las leyes vigentes», remarcó en otro momento. En el Tribunal Supremo calificó de «barbaridad» la gestión de las ayudas «aleatorias y sin control», que, en su opinión, merece «una responsabilidad política e incluso penal».

Griñán, que en junio cumple 72 años, y con 45 años de vida pública a sus espaldas, ha estado sereno y se le ha visto con dominio en un interrogatorio muy técnico sobre cuestiones presupuestarias. Funcionario público como inspector de Trabajo, ha ocupado numerosos cargos en la Administración como político, desde ministro de Trabajo con Felipe González, hasta consejero de Hacienda con Chaves y presidente de la Junta (2009-2013). Como ministro fue el impulsor del Pacto de Toledo sobre las pensiones. El caso de los ERE se cruzó al final de su carrera y le hizo salir por la puerta falsa. Dimitió como presidente de la Junta en septiembre de 2013 y luego como senador en junio de 2015. También renunció ese mismo año al carnet del PSOE, del que fue presidente con Alfredo Pérz Rubalcaba como secretario general.

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