El Gobierno recurre contra las 35 horas de los funcionarios andaluces

Susana Díaz, ayer en la inauguración de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, junto a autoridades, entre ellas el presidente del TSJA /EFE
Susana Díaz, ayer en la inauguración de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, junto a autoridades, entre ellas el presidente del TSJA / EFE

Junta y sindicatos advierten al PP de la pérdida de miles de puestos en el sector público

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El Gobierno ha tardado siete meses en pensárselo, pero al final ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional la norma de la Junta Andalucía que devolvió en enero la semana de 35 horas de trabajo a sus más de 270.000 empleados públicos. La decisión del Gobierno, acordada ayer por el Consejo de Ministros, ha recibido duras críticas del ejecutivo de Susana Díaz y de los sindicatos CC OO, UGT y CSIF, quienes alertan de la pérdida de miles de empleos en el sector público, los de todos aquellos a los que la Junta planeaba contratar para llenar los huecos que dejan las dos horas y media de menos.

La jornada laboral de 35 horas semanales se implantó en el sector público en 1999. En 2012 el primer Gobierno de Rajoy establece mediante una norma que se amplíe a 37,5 horas como medida de ajuste para aminorar el gasto público y cumplir con las exigencias de Bruselas de estabilidad presupuestaria. Aún sigue vigente. Otras comunidades intentaron volver al horario antiguo, pero el Constitucional ya se pronunció en contra de una propuesta similar a la andaluza de Castilla la Mancha.

Pese a ello, los sindicatos CC OO, UGT y CSIF presionaron a la Junta y la presidenta cedió a firmar en junio de 2016 un acuerdo para devolver derechos laborales a los funcionarios recortados por las medidas de la crisis, entre ellos las 35 horas. La Junta elaboró un decreto ley y el Parlamento lo aprobó con el apoyo del PSOE, Podemos e IU y la abstención de PP y Ciudadanos.

Gobierno y Junta iniciaron entonces negociaciones, respaldadas por el PP andaluz, para llegar a un acuerdo. Parecía que iba a haber entendimiento, pero no ha sido así.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicó ayer que el diálogo sigue abierto y justificó el recurso, casi a punto de cumplirse el plazo, porque «no es vertebrador» que las jornadas laborales de los funcionarios varíen de unas comunidades a otras. «No se puede romper ese marco común», aseveró.

El Gobierno también recurrirá al Constitucional la Ley de Presupuestos de la Junta de 2017, en lo tocante a los artículos en los que prevé la contratación de más personal para aplicar las 35 horas.

La decisión pone de relieve que Gobierno y Junta entran en otra etapa de confrontación como en la primera legislatura de Rajoy. Ambas administraciones se cruzaron una docena de recursos ante el alto tribunal entonces.

El Gobierno andaluz, que ha hecho varias convocatorias de empleo público este año, reaccionó con gran enfado. La presidenta, Susana Díaz, calificó la decisión de «hachazo contra los derechos laborales y la creación de empleo», según escribió en su cuenta de Twitter.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, lo tildó de «atropello» a los funcionarios y «agravio» a Andalucía. Montero se reunirá con los sindicatos para valorar la nueva situación.

Los sindicatos consideran el recurso del Gobierno un «ataque» a los derechos de los empleados públicos y advierten de pérdida de empleo. Según los datos de CSIF-A, los recursos tanto a la jornada de 35 horas como a los Presupuestos «provocarán la pérdida de 7.000 a 10.000 puestos públicos de trabajo».

El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, dice en un comunicado que ha habido poca sensibilidad del Gobierno con unos empleados cuyos derechos «han sido los más recortados desde el inicio de la crisis y que vieron la medida de la Junta como una devolución justa ante el esfuerzo y la dedicación para sostener los servicios públicos esenciales durante estos años».

Heredia ha pedido al presidente del PP-A, Juanma Moreno, su mediación con el Gobierno. La secretaria general del PP-A, Loles López, achaca la decisión a que Susana Díaz quiere estar «de bronca con todos», hasta con el Constitucional. Le pidió lealtad institucional. El delegado del Gobierno, Antonio Sanz, justifica los recursos en que el Gobierno debe velar por el «interés general» y «garantizar la igualdad de horarios de los empleados públicos en todo el territorio nacional».

Paralización de la jornada

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, considera la medida «inoportuna, lamentable e impresentable».

Los efectos de los recursos no se conocerán hasta que se pronuncie el Constitucional. El Gobierno pedirá la paralización de la jornada de 35 horas mientras delibera. La Junta tendrá dos semanas para alegar en contra de los argumentos del Gobierno, que cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado.

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