El Gobierno de Díaz da un «voto de confianza» a Rajoy y espera que se celebre «pronto» el CPFF

El vicepresidente del Gobierno, Manuel Jiménez Barrios, ayer en el Parlamento./EFE
El vicepresidente del Gobierno, Manuel Jiménez Barrios, ayer en el Parlamento. / EFE

El Parlamento aprueba con los votos de la izquierda y la abstención de PP y Cs incrementar el dinero en el Presupuesto del Estado para la Algeciras-Bobadilla

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El Gobierno de Susana Díaz da un «voto de confianza» al Gobierno central sobre las promesas del presidente, Mariano Rajoy, a la mandataria andaluza, entre ellas el desbloqueo de la financiación autonómica y analizar las inversiones en infraestructuras ferroviarias. Así lo manifestó ayer el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, en el Parlamento un día después de que Díaz esgrimiera lo mismo en el debate general sobre la situación andaluza.

«Seguimos confiando, aunque los tiempos de Rajoy no tienen una regla de medida definida», manifestó con cierta ironía el también consejero de Presidencia y Memoria Democrática en alusión en que al día de hoy aún Moncloa no ha anunciado la fecha de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que el Gobierno debe dar a conocer la propuesta de financiación a las comunidades.

En la reunión de Rajoy y Susana Díaz el pasado 18 de abril en la Moncloa, el presidente se comprometió a que la reunión se celebrara en el mes de mayo, sin concretar la fecha. Susana Díaz se mostró prudente en el debate del miércoles, pese a que días antes sí había sido más combativa con el Gobierno ante la tardanza de la concreción de la convocatoria de la CPFF.

En parte se debe a que Rajoy ya ha cumplido parte del acuerdo, al poner fecha a la reunión prometida entre el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y su homólogo en la Junta, Felipe López, para hablar de las infraestructuras ferroviarias en ejecución o pendientes de ejecutar por el Gobierno central. La reunión se celebrará el próximo día 16. Para Jiménez Barrios la confirmación de la cita implica que de alguna forma el Gobierno admite haberse quedado corto en inversiones para Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado.

Incumplimientodel pacto contra la violencia de género

El Parlamento andaluz acordó instar a la Junta a pedir al Gobierno el cumplimiento exacto del compromiso económico acordado para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que el carácter de la asignación financiera tenga carácter condicionado para todas las administraciones. Se trata de una proposición no de ley del PSOE-A, que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo del PP, que se abstuvo en los puntos como solicitar créditos suficientes para cumplir el pacto de Estado mediante transferencias para el 2018 de 20 millones para los ayuntamientos y 100 millones a las comunidades. Plantean además la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Igualdad, para tratar la situación presupuestaria y el cumplimiento de lo establecido en el pacto. Asimismo quiere que la Junta pida al Gobierno que modifique la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local para que los ayuntamientos continúen llevando a cabo actuaciones contra la violencia de género y que forme parte del catálogo de competencias propias.

La Junta tiene especial interés en que Granada deje de estar incomunicada por tren, una circunstancia que sus habitantes sufren desde hace tres año por la tardanza y complicaciones en la línea del AVE. También reclama una mayor dotación presupuestaria para la conexión de Algeciras con Bobadilla, clave para los corredores ferroviarios, tanto el del Mediterráneo como el Central. Las cuentas estatales dibujan una partida de 32 millones de euros, insuficiente en opinión de la Junta para que la línea, con un coste de más de 300 millones de euros, esté acabada en 2020.

El Parlamento andaluz aprobó ayer una proposición no de ley para remarcar la petición al Gobierno de una mayor dotación presupuestaria para estas infraestructuras. La PNL, que contó con los votos de PSOE, Podemos e IU, mientras PPy Cs se abstuvieron, incluye también la exigencia de que los Presupuestos del Estado recoja la inversión por habitante en Andalucía (un 18%).

Respecto a la reunión para desbloquear la financiación, en el Gobierno andaluz hay esperanza de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la convoque antes de finalizar mayo, posiblemente cuando se sepa si hay o no gobierno en Cataluña. La fecha tope es el día 22 de este mes.

Cabe la posibilidad de que Mariano Rajoy aproveche su estancia de dos días en Cádiz para avanzar la fecha de la reunión. El presidente del Gobierno llega esta tarde a Cádiz capital y mañana paseará por la Feria de Jerez, además de realizar un acto de respaldo a los candidatos municipales de esta provincia en la ciudad del caballo.

En la Junta no hay excesiva confianza en que en la primera reunión del CPFF, Montoro dé a conocer su propuesta de financiación, pero sí confía en que esta sirva para echar a andar una negociación clave para el futuro de la comunidad. Susana Díaz prometió este miércoles a los grupos que firmaron el acuerdo de la propuesta andaluza (PSOE, PP, Podemos e IU) de mantenerles informados de cada reunión en el CPFF de la consejera de Hacienda.

La Cámara pide el cesede un alto cargo por los enchufes en Educación

El Parlamento andaluz aprobó, con el apoyo de todos los grupos a excepción del PSOE, la petición de cese del gerente provincial de Sevilla de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Francisco Díaz, por las actuaciones que realizó como exdelegado territorial de la Consejería de Educación en Sevilla en el caso de un posible enchufe de la hija de un alto funcionario como profesora de un programa de la Junta y la supuesta falsificación de documentos para ello. La consejera de Educación, Sonia Gaya, admitió hace dos semanas esta última posibilidad, que ha sido enviada a la Fiscalía.

La propuesta, elevada al Parlamento por Podemos, reclama también realizar una auditoría de los procedimientos de libre designación desarrollados por la Consejería para la cobertura de puestos de personal docente adscrito, haciendo públicas las conclusiones de este estudio.

Podemos propone además revisar los procedimientos de selección de personal docente adscrito, con el fin de justificar la necesidad de estos puestos, aumentar la transparencia y publicidad de los procedimientos y facilitar la participación de todas las personas que deseen optar a estos puestos.

El Parlamento andaluz, sin embargo, rechazó, con los votos del PSOE y Cs, pedir a la Junta el cese de otros dos altos cargos de la Consejería de Educación en Sevilla por el mismo caso. En concreto el cese de la directora general del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Antonia Cascales, y de la delegada territorial de la Consejería de Educación en Sevilla, Francisca Aparicio, propuesta que rechazaron el PSOE y Ciudadanos.

En defensa de la iniciativa, la diputada morada Libertad Benítez dijo que estos altos cargos deben ser cesados por «imperativo» moral y política y para «frenar el descrédito» de la mala imagen.

A su juicio, la consejera de Educación, Sonia Gaya, debería haber tomado esta decisión, aunque ha criticado que se haya apuntado al argumento de la presidenta, Susana Díaz, de que «todo se debe a una cuestión de los funcionarios» de la Delegación. «En dos años desde que saltó el caso nadie ha pedido ni asumido ninguna responsabilidad política sobre cargos que utilizan la administración como un chiringuito del partido», ha denunciado.

La diputada socialista Adela Segura defendió como «rigurosa» la actuación de la Consejería y ha pedido a la oposición que «no sea justiciera» y respeto a los pronunciamientos judiciales.

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