El Gobierno aplicará este año la suspensión de las visitas a los condenados

M. D. T. SEVILLA.

La Junta de Andalucía ha reclamado varias veces en los últimos años un cambio en la lesgislación estatal contra la violencia machista para que se suspenda el régimen de visitas a condenados por malos tratos. Una petición que se vio recogida en el Pacto Nacional contra la Violencia de Género aprobado en el Congreso de los Diputados este pasado verano y que contiene otras 212 medidas.

El Gobierno se dio entonces un plazo de cuatro meses para los cambios normativos necesarios, por lo que una situación como la vivida este fin de año por Sonia Barea no hubiera tenido lugar de haber estado en vigor. Gobierno y comunidades autónomas acordaron el pasado día 28 que entre las 26 medidas del pacto que se pondrán en marcha este 2018 se encuentra la supresión del régimen de visitas.

Con esta medida, el padre de Alcalá de Guadaíra acusado de retener a sus hijos menores no hubiera tenido ocasión de ello, ya que la condena firme de 34 meses de cárcel por malos tratos le impediría la visita de sus hijos.

Ya en 2015, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, lanzó la petición, que incluyó en la propuesta de medidas para un pacto nacional que llevó al Parlamento andaluz en julio de 2016.

La iniciativa contó entonces con gran eco en Andalucía por el caso de María Salmerón, una madre condenada por negarse a que su hija menor de edad visitara a su padre, con una sentencia por malos tratos. La presidenta andaluza contó entonces con el respaldo de todos los grupos políticos. El Gobierno del PP, de hecho, dictó dos indultos para salvar a María Salmerón de la cárcel.

El caso de María Salmerón sirvió de punta de lanza para que un año después la medida fuera incluida sin ninguna pega por los grupos políticos en el listado de medidas del pacto nacional para frenar la violencia machista.

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