El Gobierno admite que concedía las ayudas por el mismo método que la Junta

La jueza Núñez Bolaños./SUR. Archivo
La jueza Núñez Bolaños. / SUR. Archivo

Un informe del Ministerio de Empleo a la jueza Núñez Bolaños contradice la teoría del «procedimiento específico» de Alaya

Lalia González
LALIA GONZÁLEZ

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha admitido, en un informe enviado a la jueza del caso ERE, que otorgó de forma directa, sin concurso, las ayudas extraordinarias para prejubilaciones entre 2001 y 2011. Es el mismo sistema por el que se guió la Junta de Andalucía en este mismo periodo y por el cual la jueza Mercedes Alaya encausó a una veintena de altos cargos del Gobierno autonómico, con los expresidentes Chaves y Griñán en cabeza, bajo la acusación de haber diseñado un «procedimiento específico» para dar estas ayudas sin control.

El informe había sido solicitado por la jueza Núñez Bolaños a petición de las defensas de los encausados en el presunto fraude, que vienen reclamando comprobar que las ayudas se concedían de la misma manera que el Gobierno central. Entre las ayudas concedidas de este modo, 220 concesiones y que el informe del Ministerio detalla de manera exhaustiva, se encuentran las correspondientes al ERE de la Faja Pirítica de Huelva, un caso que la Junta llevó al Juzgado cuando estalló el caso y que la anterior titular del nº6 guardó en un cajón, hasta que Núñez Bolaños, en junio pasado, retomó la investigación y citó como investigados, entre otros, a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar, la exsecretaria general de Empleo y la exdirectora general de Trabajo.

El informe del Ministerio de Empleo, que firma el director general Javier Thibault, indica que las ayudas extraordinarias se concedieron de acuerdo con la orden ministerial de 5 de abril de 1995, de modo que «la Dirección General de Trabajo decidía directamente sobre la concesión de las ayudas». No contemplaba dicha orden concurso público, por lo que el Ministerio «tramitó todas estas solicitudes por el régimen de concesión directa», dice el informe. «Tal y como sucede en la actualidad -agrega- tras la aprobación del real decreto 908/2013» que establece las normas especiales para ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas».

Madrid repartió fondos para prejubilaciones de forma directa y sin concurso en 2001-2011

La citada orden ministerial de 1995, que fue dictada por Griñán siendo ministro de Trabajo, dentro de la ley de reconversión industrial que creó los fondos de empleo, fue desechada por la jueza Alaya durante la instrucción.

Aun el informe del Ministerio tiene otra bomba de relojería contra la instrucción de Alaya, al afirmar que «no se realizó por ningún organismo estatal o subdelegación del gobierno comprobación alguna respecto al coste de la póliza de seguros. Advierte que «esos organismos carecen de una atribución normativa específica que les habilitara para determinar si a ayuda se ingresaba o no en una póliza de seguro, quién fuera el tomador (que en ningún caso fue la Administración General del Estado, o si el coste de la póliza era o no adecuado».

La defensa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín había pedido el informe para determinar si el procedimiento seguido por el Gobierno en el caso de la Faja Pirítica de Huelva fue similar al de la Junta y para establecer el sistema de las pólizas de seguro, objeto de una pieza separada por «sobrecomisiones».

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