Los funcionarios sumarán media hora no presencial a su jornada para preparar tareas

Reunión de la consejera con los sindicatos de funcionarios, ayer en Torretriana. /Efe/ Pepo Herrera
Reunión de la consejera con los sindicatos de funcionarios, ayer en Torretriana. / Efe/ Pepo Herrera

La Junta pacta con los sindicatos la fórmula para sortear la sentencia del Tribunal Constitucional que deroga las 35 horas semanales

Lalia González
LALIA GONZÁLEZ

El Consejo de Gobierno andaluz aprobará hoy la fórmula para sortear la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la implantación de la jornada laboral de 35 horas de los funcionarios andaluces. Formalmente, los trabajadores de la administración andaluza trabajarán las 37,5 horas semanales que tenían desde 2012, pero sólo tendrán que estar en su puesto 35. El resto se completará con media hora diaria «de formación y preparación de tareas fuera del puesto de trabajo».

El PP pide seguridady el PSOE critica el «papelón» de Moreno

La batalla política por la sentencia del TC continuó ayer y el PPandaluz reclamó a la Junta que «no juegue» con los funcionarios y les dé «seguridad jurídica», dijo Loles López, mientras desde el PSOE se atacaba el que consideran «papelón» del presidente popular, Juanma Moreno, de quien dijo que «es un mediador fracasado, destroza lo que toca», en palabras de Juan Cornejo. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, declaró a su vez que Moreno tendrá que dar explicaciones a los sindicatos de por qué no se ha producido el acuerdo que comprometió. Mientras, el dirigente de Podemos Pablo Pérez ha ofrecido su apoyo a la Junta frente al «acoso y derribo» que a su juicio lleva a cabo el PP.

IU pedirá hoy al comienzo del pleno del Parlamento que se modifique el orden del día para que comparezca la consejera de Hacienda, como ya reclamó con urgencia el pasado viernes. La petición se verá hoy y no cuenta con el apoyo del PP, que considera que no hay razones para modificar la sesión.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se reunió ayer con los sindicatos en la Mesa General para pactar esta fórmula, ya prácticamente acordada, y defendió su contenido: «Acatamos la ley y ejercemos nuestra capacidad para organizar la jornada de los empleados públicos de Andalucía», dijo.

De hecho, esto sucede ya así, pues los trabajadores públicos dedican tiempo semanal a preparar sus tareas presenciales o a la formación y el desarrollo profesional, según explicó. Otras comunidades, dijo, utilizan «subterfugios» como conceder media hora de «margen de cortesía» para acceder al puesto de trabajo, hasta computar las 37,5 semanales.

Respecto al personal docente, cuya jornada también ha sido anulada por la sentencia del TC, el acuerdo implica reorganizar las tareas de la jornada lectiva de forma que, manteniendo las 20 horas lectivas, este curso se considera lectiva una hora de guardia y dos en el curso próximo. El horario de no obligada permanencia pasa de 5 a 7,5 horas, indica el acuerdo firmado, como se aplicó en 2012.

El acuerdo no será recurrido por el Gobierno central, según fuentes consultadas. Aunque no se descarta que sí pudiera hacerlo algún colectivo de funcionarios que se sienta agraviado en otra comunidad, de momento, la fórmula adoptada va a salir adelante con el objetivo, como dijo CSIF, de salvar el empleo creado por las horas excedentes y para facilitar la conciliación, algo que el presidente andaluz de este sindicato, José Luis Heredia, resaltó, al decir que espera que el acuerdo sea «punta de lanza para que todos los trabajadores del sector privado también puedan conciliar sus vidas personal, familiar y laboral».

En este sentido, la consejera destacó que el acuerdo incluye el «compromiso expreso» de no destruir empleo, de modo que se mantendrá el personal contratado en 2017. Además, no habrá cambios en las planillas y horarios ya elaborados. En el ámbito sanitario, se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria.

Andalucía tenía jornada de 35 horas desde 1999. Por ello Montero discutió que se quiebre la igualdad de trato, como dice el TC, puesto que previamente no había uniformidad entre las comunidades.

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