Fernández defiende en el juicio de los ERE que la Junta concedió ayudas como las del Estado

Antonio Fernández. :: efe/
Antonio Fernández. :: efe

El exconsejero de Empleo lleva seis sesiones de la vista oral respondiendo a preguntas de los fiscales y de su abogado

SUR SEVILLA.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández defendió ayer que las ayudas sociolaborales que dio la Junta investigadas en el caso ERE eran «absolutamente iguales» a las que concedía el Estado al amparo de la orden de 1995 de ayudas extraordinarias para trabajadores por reestructuración de empresas.

A preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, Fernández defendió que las ayudas investigadas contaban con «fondo normativo suficiente» y en concreto las ayudas a trabajadores afectados por ERE ha asegurado que eran «iguales» a las que daba el Estado en base a la orden de 1995 en cuanto a su naturaleza, las personas legitimadas para recibirlas, la discrecionalidad, la ausencia de publicidad y concurrencia, siendo la única diferencia que los fondos eran de la Junta en vez del Estado.

Fernández declaró por sexto día en el juicio de la pieza política de caso ERE donde es procesado junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta y se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación durante su etapa como viceconsejero de Empleo (2000-2004) y consejero (2004-2010). Su abogado exhibió los convenios sobre las mismas con las firmas de los exdelegados del Gobierno en Andalucía José Torres Hurtado y Juan Ignacio Zoido, hoy ministro de Interior y quien en su día se personó como acusación popular en el caso en nombre del PP-A. Según Fernández, de los 6.300 trabajadores andaluces que se beneficiaron de esas ayudas, alrededor de 800 recibieron pólizas de rentas de prejubilación cofinanciadas por la Junta y el Estado.

En un momento del interrogatorio su letrado le ha preguntado por los conocidos como «intrusos», personas que recibieron ayudas a la prejubilación en ERE de empresas para las que nunca trabajaron, pero Fernández ha reducido a un máximo de «15 o 20» las personas que la propia Junta, tras revisar las ayudas, considera que realmente no tenían derecho a las mismas.

Ante las acusaciones de que el sistema buscaba eludir controles, el exconsejero defendió que «en una administración como la Junta de Andalucía es imposible» pensar que se puede crear «un procedimiento para engañar» ya que toda iniciativa «deja huella» y participan «un conjunto de funcionarios».

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