La defensa de los expresidentes de la Junta sostiene que no intervinieron en las ayudas ni conocieron irregularidades

Manuel Chaves, a su llegada hoy a la Audiencia de Sevilla./EFE
Manuel Chaves, a su llegada hoy a la Audiencia de Sevilla. / EFE

La segunda sesión de la vista oral de la pieza política del 'caso ERE' arranca con el escrito de defensa de Chaves y Griñán

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

La segunda sesión del juicio por la pieza política del 'caso ERE' ha comenzado esta mañana a las 10.18 horas. Los acusados se han sentado en el mismo lugar, con la excepción de Antonio Lozano, ausente por motivos médicos. La sesión ha comenzado con la lectura por el letrado del tribunal, Rafael Castro, de parte resumida de los escritos de las defensas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En ambos, los expresidentes recalcan que no intervinieron ni en el sistema cuestionado por ilegal ni en las ayudas, ni conocieron que hubiera irregularidades con las mismas, aspectos que circunscriben al ámbito de la Consejería de Empleo.

«Manuel Chaves, ni conoció ni pudo conocer el sistema de concesión de las ayudas sociolaborales. Nadie le avisó de irregularidades ni el interventor general consideró hacerlo». Sobre las 18 modificaciones presupuestarias aprobadas en consejos de Gobierno que presidió, destinadas a engordar la partida de los ERE, todas iban avaladas por la Intervención General con el visto bueno.

El escrito de la defensa de Griñán incide en que cuando fue nombrado consejero de Economía y Hacienda en 2004 ya estaba vigente el sistema de las ayudas sociolaborales; También en que el cometido del departamento de Hacienda en los presupuestos es sobre los ingresos, correspondiendo a las distintas consejerías los programas de gastos, su diseño y ejecución. «La responsabilidad de Hacienda es hacer que el presupuesto sea en todo ordenado». «La administración de los gastos y objetivos de estos son de las consejerías», añade, citando como ejemplos que en las comparecencias en el Parlamento del consejero de Hacienda para explicar el presupuesto anual se centra en los ingresos y el gasto de su propio departamento.

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La defensa de Griñán también ha subrayado la legalidad del instrumento de las transferencias de financiación con el que se transfirió dinero de la Consejería de Empleo a la agencia IFA-IDEA para el pago de las ayudas sociolaborales, que la Fiscalía y la instrucción considera ilegal. Recuerda que el interventor Manuel Gómez, también procesado, dijo en su día que es un instrumento “legal”, aunque “inadecuado” para las subvenciones sociolaborales. “No es un matiz, sino una diferencia sustancial”.

La defensa de Griñán ha acudido en varios párrafos al escrito de acusación del Tribunal Supremo, que lo imputó de prevaricación, pero no de malversación, delito al que ahora se enfrenta con peticiones por la Fiscalía de seis años de cárcel.

Antes de la lectura, la abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, Encarnación Molino, ha pedido al tribunal a que se leyera el escrito de conclusiones provisionales presentado en esta pieza separada el día 17 de octubre de 2016 por la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso ERE. La letrada ha señalado que, después de que en la jornada de este miércoles se diera lectura a los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el PP-A, debería darse lectura al escrito presentado por los letrados de la Junta, que pidieron el archivo de la pieza 'política' de los ERE. «Si no se leyera, quedaría incompleta la visión de las acusaciones», ha indicado Molino. El magistrado ponente del juicio, Juan Antonio Calle Peña, ha rechazado dicha solicitud porque «no procede la lectura de un escrito de alguien que ya no es parte en el procedimiento» y que se ha «apartado» del mismo tras reclamar su archivo.

Tras los escritos de Chaves, Griñán y Antonio Lozano, ha comenzado la lectura de la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el único exconsejero procesado que estuvo en prisión preventiva durante cinco meses. Su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, ha solicitado al tribunal leer el escrito en lugar del letrado-secretario para darle descanso a este. El presidente del tribunal ha accedido a ello.

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