El exconsejero de Empleo niega que el sistema de ayudas de los ERE buscara «evitar» el control

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ayer junto al expresidente José Antonio Griñán y al exconsejero Gaspar Zarrías. :: efe/
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ayer junto al expresidente José Antonio Griñán y al exconsejero Gaspar Zarrías. :: efe

Antonio Fernández se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación

SUR SEVILLA.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los principales implicados en el caso ERE por el que estuvo cuatro meses en prisión, defendió ayer que «no es ni pensable» que el sistema por el que la Junta pagaba las ayudas sociolaborales investigadas buscara «evitar» su control previo. «Ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo. Podemos hacerlo mejor o peor, haber tenido avisos o no de quien corresponda, pero no es ni pensable porque esto tiene su recorrido y su huella», respondió en el juicio de los ERE cuando el fiscal le preguntó si el hecho de que en 2001 se arbitrara que las ayudas de la Consejería de Empleo se pagaran a través de un ente instrumental como IFA (luego IDEA) se viera «preferible» para evitar el control previo.

Fernández se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un «procedimiento específico», por el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el juez instructor.

En el periodo investigado, Antonio Fernández fue viceconsejero de Empleo de 2000 a 2004 (y como tal presidió un tiempo la agencia pública IFA) y consejero de Empleo de 2004 a 2010, por lo que fue quien firmó por IFA el convenio marco de 2001 con la Consejería de Empleo (entonces dirigida por José Antonio Viera) que introdujo el sistema de pago de las ayudas a través de esta entidad, según la Fiscalía y las acusaciones, para eludir la fiscalización previa que hubieran tenido si las pagaba directamente la Consejería.

Fernández negó ayer esa hipótesis y atribuyó a «los técnicos» la decisión de utiliza esa vía que, por otra parte, señaló ya se usaba antes y no sólo para las ayudas investigadas. Las ayudas eran pagadas por el IFA con fondos que le enviaba la Consejería de Empleo mediante transferencias de financiación y el fiscal le preguntó si sabía que éstas no tienen fiscalización previa como las subvenciones pagadas directamente por la administración, a lo que Fernández respondió: «No sé decirle, no soy especialista».

Según Fernández, los mecanismos presupuestarios concretos usados «de mi nivel hacia arriba no los conoce nadie» pues se basan en «criterios técnicos». Antes y después del convenio marco de 2001 entre Empleo e IFA hubo varios borradores de decretos para regular las ayudas de los ERE que nunca salieron adelante y Fernández defendió que «no era imprescindible» una normativa específica porque existía una orden estatal de 1995 sobre ayudas excepcionales que «ha servido de modelo e inspiración» para las que se gestionaron en Andalucía y en 2001 se aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Junta que incluía también ayudas excepcionales sin publicidad ni concurrencia.

Cuando el fiscal le interrogó sobre por qué no se prorrogó ese convenio cuya vigencia inicial era de dos años, Fernández se escudó en que se prorrogaba de facto cada año con la aprobación en el Parlamento de los Presupuestos anuales de la Junta donde se hace referencia al mismo desde 2002 y «si no se actualiza es porque el Parlamento lo entiende vigente».

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