Exasesora de Empleo afirma que Chaves y Griñán conocían el sistema de las ayudas

SUR SEVILLA.

María José Rofa, la ex asesora técnica de la Dirección General de Trabajo entre julio de 2008 y marzo de 2011, aseguró ayer que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán tenían conocimiento de la gestión de la Dirección General de Trabajo del programa presupuestario 31L por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Rofa, a preguntas de la acusación del PP-A, afirmó que Chaves y Griñán tenían conocimiento porque el gabinete de Presidencia pedía «suficiente información» de pagos, protestas y conflictos «cada vez que surgía un conflicto».

En este sentido, la testigo, que declara con asistencia letrada al encontrarse aún investigada en la pieza separada de los ERE que investiga la ayuda de A Novo, añadió que «antes de visitar territorios era normal que el gabinete de Presidencia preguntara si había alguna conflictividad en ese lugar».

Rofa, quien «contribuyó» en la investigación según la juez instructora Mercedes Alaya y que hizo entrega a la Guardia Civil hasta 1.627 archivos electrónicos que ella guardaba de su labor en la Dirección General de Trabajo, manifestó que cuando este lunes hacía referencia a que el pago de algunas ayudas venían ordenadas «desde arriba» y que el último que se enteraba era el director general de Trabajo -ella coincidió con Juan Márquez y Daniel Rivera-, se refería a alguien «superior» al director general, ya sea viceconsejero o consejero, quien «tuviera interés».

Rofa, que aseguró que nunca tuvo la sensación de que participaba en algo ilícito, fue cesada el 25 de marzo de 2011 y narró como el 15 del mismo mes Rivera la llamó «amenazándola e insultándola por tres veces» y diciéndole «te lo he dicho de buenas maneras, dedícate a tu hijo y tu trabajo». «Me amenazó con mi despido». A Rivera también le atribuye haber llamado a alguien sin identificar al que dijo: «Ya sabemos por qué este pollo no sale del Parlamento», en alusión a Antonio Fernández, exconsejero que figuró en el ERE de González Byass, aunque luego renunció a la indemnización.

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