Más de 600 empresas deberán presentar planes para reducir las emisiones de gases

José Fiscal, consejero de Medio Ambiente, tras el Consejo de Gobierno. /EFE | Julio Muñoz
José Fiscal, consejero de Medio Ambiente, tras el Consejo de Gobierno. / EFE | Julio Muñoz

La Ley de Cambio Climático andaluza se marca como objetivo disminuir un 18% el nivel de dióxido de carbono para 2030

Lalia González
LALIA GONZÁLEZ

Tras una tramitación de tres años y varios borradores, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Ley de medidas frente al Cambio Climático, que se propone reducir un 18% las emisiones de dióxido de carbono (C02) en 2030 sobre las registradas en 2005, que alcanzaban 4,28 toneladas por habitante y año. Cuando supere el trámite parlamentario, la nueva norma obligará a 621 empresas e instituciones a presentar planes de reducción de gases de efecto invernadero. También deberán hacerlo los municipios mayores de 50.000 habitantes.

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, presentó ayer las líneas generales del anteproyecto, que se adapta a los acuerdos de la Cumbre de París y es el segundo aprobado en España, tras Cataluña.

OTROS ACUERDOS

uMás plazas para menores inmigrantes
El Gobierno andaluz aprobó ayer la contratación urgente de 200 plazas residenciales para acoger a menores inmigrantes no acompañados, ante la masiva llegada de pateras a las costas de la comunidad. Se calcula que han llegado a las costas andaluzas 2.207 niños en lo que va de año. La ampliación de plazas estará vigente hasta el 31 de marzo de 2018 y supondrá un gasto de 2,27 millones de euros. Se reforzarán los Centros de Acogida Inmediata de las cuatro provincias más afectadas, que son Almería, Cádiz, Granada y Huelva.
uMulta a Caixabank
El Consejo de Gobierno ha acordado sancionar con 2,37 millones de euros a Caixabank, SA, por falta de información de prestación de servicio en relación con los contratos hipotecarios y por no atender a los requerimientos formulados por la Administración. El procedimiento se inició en diciembre de 2016, tras la recepción de 352 denuncias de particulares. Con este son ya ocho los expedientes sancionadores a bancos en lo que va de año.

Los objetivos de reducción de emisiones se adaptarán cada seis años en función de los datos y los acuerdos internacionales que se puedan alcanzar. Se establece además un régimen sancionador, con multas que van desde los 30.000 euros hasta los 60.000, además de la incapacidad de recibir subvenciones cuando se cometan faltas graves.

Se creará el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER), que incluirá en la lucha contra el cambio climático las actividades de elevado consumo energético, y el Registro de la Huella de Carbono de Productos y Servicios, para medir y comunicar las emisiones de los productos o servicios que se ponen en el mercado, además de un Plan Andaluz de Acción por el Clima.

Pero el principal caballo de batalla en estos años de trámites ha sido la regulación de las denominadas «emisiones difusas», que suponen un 55 % de la contaminación vinculada al cambio climático y que no están sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. Los empresarios han batallado para impedir que esta regulación en base a los kilovatios consumidos supusiera un impuesto añadido para empresas, turísticas o comerciales entre otras, a las que se quería incluir entre las contaminantes.

El proyecto aprobado ayer establece cuotas de emisiones por periodos de seis años, que podrán ser revisables, para los distintos sectores que generan contaminación difusa, entre los que se cita el transporte, el agrario, la edificación y la vivienda, la gestión de residuos, los gases fluorados y las actividades industriales sin regulación europea.

El presidente de la Confederación de Empresarios, Javier González de Lara, que ha peleado contra el llamado 'impuesto ecológico', elogió la voluntad de consenso del consejero Fiscal y se mostró razonablemente satisfecho por el resultado, aunque dijo que no es la ley que las empresas hubieran querido. González de Lara, en contra siempre del exceso de regulación, entiende que espera mejorar en el trámite parlamentario en lo que pueda afectar a la competitividad de las empresas.

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