Dudas y suspicacias sobre la posible quita de la deuda

L.G.-S. SEVILLA

La posibilidad de una quita o reestructuración de la deuda contraída por las comunidades autónomas con el Estado en los mecanismos establecidos, en especial el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) suscita suspicacias y dudas en el Gobierno andaluz. El tema se ha planteado durante las comparecencias de expertos en el grupo de trabajo y ayer fue esbozado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su intervención ante la comisión del Congreso de los Diputados. El ministro abrió la puerta a una quita parcial, correspondiente a parte del pasivo atribuido a la «insuficiencia» del modelo de financiación. Sin embargo, en la Junta andaluza se teme que por la puerta de atrás se cuele un trato de favor hacia las comunidades más endeudadas, especialmente Cataluña.

La Junta recela además de que este perdón perjudique a las comunidades, como Andalucía, que han realizado un mayor ajuste y sacrificio y han cumplido, año tras año, el objetivo de déficit.

La propuesta del Gobierno andaluz quiere además avanzar en desligarse del FLA y los demás mecanismos, establecidos por el Gobierno al comienzo de la crisis ante la falta de liquidez y el cierre de los mercados,y quiere volver a salir a los mercados financieros de deuda pública, bien a través de emisiones individuales o bien conjuntas con otras comunidades e incluso con el Estado.

La consejera de Hacienda considera que la fórmula que defiende apenas va a perjudicar a las demás comunidades, salvo a dos de ellas, en concreto Cantabria y La Rioja, que perderían unos 200 euros entre las dos. La propuesta andaluza sugiere que se les compense en el primer año para luego normalizarlo dentro de la dinámica del nuevo modelo.

El Gobierno andaluz insiste en que la financiación no debe plantearse como una lucha entre territorios y combate en especial la idea de las balanzas fiscales, porque «no tributan los territorios, ni las personas». A nivel teórico, para la Junta es especialmente importante defender el criterio de autonomía, ligado esencialmente a los recursos, frente a los intentos recentralizadores, y también el papel de las comunidades autónomas en la configuración del Estado y no como menos prestadores de servicios.

También se quiere dar a la batalla un carácter andaluz y no partidario. Por ello se rechaza la idea del PP de que el sistema sea negociado en Madrid entre PP y PSOE y se defiende que son las comunidades los interlocutores válidos.

También se pide un reparto más equilibrado del objetivo de déficit entre las administraciones, cambios en la regla de gasto y más dotación al Fondo de Compensación Interterritorial.

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