La deuda de Andalucía se dispara del 5,3% al 22,5% del PIB en diez años

Según la consejería que dirige María Jesús Montero, Andalucía presenta unos niveles más contenidos que la media y ha cumplido sus objetivos de deduda desde 2013. Agrega que según la AIREF, la deuda per cápita andaluza seguirá a finales de 2017 en el intervalo inferior del conjunto de comunidades.

Hacienda añade que con los datos del segundo trimestre de 2017 del Banco de España, Andalucía es la tercera región con un menor nivel de deuda per cápita. En concreto, la deuda por habitante en nuestra comunidad es de 4.049 euros, una cifra, muy por debajo de la media, que se sitúa en 6.164 euros, y bastante inferior a la del resto de regiones no forales (6.750 euros).

El informe, realizado por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde), gestionada por Governance and Economics Research Network de la Universidad de Vigo, indica que la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares son las que más han disparado su deuda en la última década y en los cuatro casos su peso ya supera el 30% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico,

Los expertos, según recoge la agencia Efe, recomiendan fijar objetivos de déficit diferenciados para cada comunidad, reestructurar la deuda autonómica -aunque sin quitas- y crear nuevos fondos de reserva.

Rifde señala que el impacto de la reciente crisis económica supuso un fuerte crecimiento del endeudamiento de las autonomías, aunque también del Gobierno central, hasta el punto de que algunos territorios han disparado su deuda. Destaca que en la Comunidad Valenciana el peso de su deuda era del 11,5% y ahora es del 42,5%. Castilla-La Mancha ha pasado del 4,4% al 37%; Cataluña, del 7,8% al 35,4%, y Baleares, del 6,7% al 30,1%.

Madrid es la comunidad con un peso relativo inferior, del 14,4% (en 2006 era del 5,6%), seguida del País Vasco, con el 14,5%, y Canarias, con el 16%.

En términos absolutos, Cataluña es la comunidad con mayor endeudamiento, unos 75.000 millones de euros, dos terceras partes contraídos con el Estado a través de los fondos de financiación adicionales como el FLA o el de Facilidad Financiera.

Rifde propone que estos fondos adicionales deberían ser eliminados «en breve plazo» o, en su defecto, clarificados e individualizados, pero no mantenidos con carácter general e indefinido.

Para avanzar hacia la sostenibilidad presupuestaria de las comunidades, el estudio aconseja modificar los procedimientos para definir los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto, con una coordinación preferiblemente a través del Senado o en su caso del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes.