El PP defiende su papel como acusación en el 'caso ERE' y critica que la Junta ya no lo sea

Responsabiliza a Susana Díaz de que los letrados de la Junta pidieran el archivo de la causa política de la macrocausa

M. D. T. SEVILLA.

El PP andaluz defendió ayer su papel como acusación en el 'caso ERE', cuyo primer juicio, el referido a la pieza política, se celebra a partir de este miércoles. Al mismo tiempo, arremetió contra el Gobierno de Susana Díaz, al que hace responsable de que los letrados de la Junta no comparezcan en el juicio como acusación por pedir el archivo de la causa contra todos los 22 imputados.

«Nadie puede entender que en un caso de corrupción que afecta a 741 millones de dinero público de la Junta de Andalucía, sea precisamente la Junta, el Gobierno de Díaz, que debe representar los intereses de los andaluces, el que decida no acusar en este caso», dijo Toni Martín, vicesecretario de Organización del PP andaluz. «Nosotros entendemos que Susana Díaz está pagando de este modo favores del pasado a sus padrinos políticos», añadió Martín en alusión a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que junto a otros 20 excargos socialistas comparecerán en el juicio como acusados. Entre estos cargos se encuentra el antiguo jefe del servicio jurídico de la Junta, Francisco del Río.

La Junta de Andalucía está personada en la macrocausa del 'caso ERE' como acusación y parte perjudicada desde el comienzo de la instrucción en 2011. En su escrito de octubre de 2016 sobre el auto de apertura de juicio contra los expresidentes, los letrados defienden la legalidad del sistema de concesión de las ayudas y hacen hincapié en que no ha quedado acreditado que hubiera una trama política con el necesario acuerdo de numerosas personas para delinquir, por lo que, rechazan los delitos de prevaricación y malversación.

Argumentaron en su escrito que solo pueden ser ilegales las resoluciones de concesión de las ayudas que firmaron los responsables de la Consejería de Empleo y que estos actos se enjuiciarán en cada una de las piezas separadas por las subvenciones a cada empresa. «Más allá de los implicados en los expedientes de concesión no existe prueba alguna que acredite el conocimiento de las irregularidades con relevancia penal por el resto de encausados. Esta parte no encuentra prueba de cargo alguna que permita afirmar que se ha implantado un procedimiento específico para la concesión de determinadas ayudas y/o subvenciones y con una finalidad ilegítima», dijeron en su escrito.

Aunque los letrados siguieron acusando a los responsables de Empleo (el exconsejero Fernández, los exdirectores de Trabajo y directivos de la agencia Idea) de las piezas separadas sobre las ayudas, la Audiencia de Sevilla ha resuelto que solo pueden ser enjuiciados una sola vez por el caso ERE. De esta forma, los letrados no podrán ejercer la acusación contra ellos como pretendía.

Sobre el papel del PP, Toni Martín dijo que «desde el primer momento, hace más de una década, hemos trabajado a nivel político en el Parlamento, y en el ámbito judicial personándonos como acusación particular para que se pudiera llegar al fondo de esta cuestión y pudiéramos saber quiénes eran los responsables, pagaran por ello y se devolviese el dinero a los andaluces».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos