El Defensor pide la evaluación conjunta del proyecto de Gas Natural en Doñana

Imagen de Doñana. :: efe/
Imagen de Doñana. :: efe

Un informe del Instituto Geológico y Minero detecta falta de garantías de que no afectará al parque y pide que se paralice el sondeo iniciado

L. G.-S. SEVILLA.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los cuatro proyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

La institución comunicó ayer su dictamen, a petición de organizaciones ecologistas y del Defensor del Pueblo andaluz, en el que sugiere además que se revisen las declaraciones de impacto ambiental (DIA) formuladas, una de las cuales, situada fuera del espacio protegido y elaborada por la Junta de Andalucía, fue positiva. Pide asimismo que el proyecto iniciado se paralice.

La posición del Defensor, que contradice la que inicialmente mantuvo la administración autonómica, partidaria de trocear el proyecto inicialmente único de Gas Natural, para someterlo a cuatro DIAs, fue sin embargo ayer celebrada por el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, que mostró su satisfacción por su dictamen.

Fiscal dijo que el Defensor «recoge casi punto por punto» las exigencias que la Junta planteó al Ministerio, como la paralización del proyecto de Marismas Occidental y también la evaluación conjunta de los cuatro proyectos y advierte de riesgo sísmico. Por ello, el consejero dijo que espera que el Gobierno central reaccione y «cumpla con lo que le pide» el Defensor del Pueblo.

El Defensor explicó ayer que con esta evaluación conjunta quiere que se valoren las distintas alternativas al almacenamiento de gas y que se garantice, «con un grado de certeza acorde con su importante relevancia ecológica, que el espacio no se va a ver negativamente afectado por la inyección y almacenamiento de gas, así como que los riesgos sísmicos se reduzcan al mínimo posible».

Además, la institución comunica que se ha dirigido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro proyectos.

Estas sugerencias se producen tras haber analizado la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que solicitó el Defensor del Pueblo el pasado mes de julio. Entonces Fernández Marugán pidió datos que informaran en especial sobre el impacto ambiental por posible riesgo sísmico de estos proyectos, presuntamente realizados con fracking, aunque la compañía siempre lo ha negado.

La Institución ya advirtió en 2013 sobre la insuficiencia de la evaluación ambiental de los cuatro proyectos por separado. Ahora, ha retomado sus actuaciones tras recibir una queja de la asociación ecologista Greenpeace y una solicitud del Defensor del Pueblo Andaluz.

Informe del IGME

El informe del Instituto Geológico y Minero, elaborado a petición del Defensor, genera dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados y concluye que las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero.

El hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el IGME, dice el Defensor, «impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a este espacio».

Por último, la Defensoría indica que ha solicitado al Ministerio de Energía que aclare cual es el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcázar y la situación en la que se encuentra el proyecto Marismas Oriental, tras denegar su autorización la Junta de Andalucía.

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