El Defensor cree inadmisible el retraso de las ayudas para el fomento de empleo

Destaca un aumento de las quejas por las listas de espera en la sanidad pública del Servicio Andaluz de Salud

SUR SEVILLA.

El informe del Defensor del Pueblo Andaluz de 2017, entregado ayer al Parlamento andaluz, califica de «inadmisible» la «ralentización e incumplimientos» en los pagos de las ayudas previstas para los programas y ayudas para el fomento del empleo a «un buen número» de alumnos».

El informe cuestiona que estos incumplimientos afecten a personas «en tal situación de precariedad» y denuncia que las demoras en los pagos de estas ayudas alcanzan hasta los siete años «en un número significativo de ellas», ya que la mayoría son de cursos del año 2011.

«Nos resulta inadmisible la ralentización e incumplimientos en los pagos a personas en tal situación de precariedad», sostiene el informe, que también señala que estos impagos afectan igualmente a entidades que realizaron cursos de formación profesional.

Los retrasos, añade el Defensor, perjudican también a empresas, emprendedores y autónomos y afectan a los programas de Emple@Joven y a la Iniciativa @Emprende+.

Respecto al empleo público, el Defensor recuerda la permanencia de reivindicaciones de personal funcionario o laboral «al seguir manteniéndose determinadas diferencias entre categorías de personal» público. Califica de «indicativas» de esta situación las quejas presentadas por profesionales no sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que denunciaban la discriminación que sufren con respecto al reconocimiento de su derecho a la carrera profesional que sí le reconoce a otros profesionales de esta administración sanitaria.

En el ámbito educativo también se aprecian desigualdades en las sustituciones del profesorado en los centros docentes públicos.

El Defensor ha detectado incumplimientos en entidades instrumentales de la Junta de Andalucía de obligaciones en materia de publicidad activa, respecto a la publicación de sus relaciones de puestos de trabajo, procesos de selección de personal o criterios de funcionamiento de las bolsas de empleo, «aspectos que garantizan que la ciudadanía pueda conocer información que resulta relevante para garantizar la transparencia de la actividad» de estas entidades públicas.

También ha investigado el Defensor quejas sobre la externalización de la acción pública, asunto del que considera «conveniente» que se regule, «con el rango formal y jerárquico que se considere, el marco de referencia» de estas actuaciones para «racionalizar la externalización de servicios y mejorar la ejecución de los mismos».

Otro asunto sobre el empleo público andaluz sobre el que llama la atención el Defensor del Pueblo es la situación de las personas con discapacidad para acceder a puestos de personal docente e investigador en las universidades públicas de Andalucía.

El informe destaca que las quejas por las listas de espera en la sanidad pública andaluza han aumentado con respecto a las del 2016.

«Durante 2016 ciframos las quejas relacionadas con los tiempos de respuesta asistencial en el 25 por ciento de las recibidas en el ámbito de la salud, pero en 2017 dicho porcentaje incluso se supera», señala el informe presentado por Jesús Maeztu ayer en el Parlamento.

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