Defensas de ex altos cargos piden suspender el juicio de los ERE tras admitirse nuevas pruebas

Imagen de archivo de Carmen Martínez Aguayo. :: sur/
Imagen de archivo de Carmen Martínez Aguayo. :: sur

El tribunal ha admitido las pruebas a petición de las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y el PP-A

SUR SEVILLA.

Las defensas de algunos ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE han solicitado a la sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla la suspensión de las sesiones del juicio oral hasta que no cuenten en su poder con las nuevas pruebas documentales admitidas por el tribunal a petición de las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y el PP-A. En concreto, las defensas de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa han presentado sus escritos ante la Sección Primera, después de que, en auto de 22 de enero de 2018, ésta estimase pertinente las nuevas pruebas propuestas por el PP-A -a excepción de la testifical de la presidenta de la Junta, Susana Díaz-, y por el Ministerio Fiscal.

Así, en el escrito presentado por Juan Carlos Alférez, abogado de Jacinto Cañete, se formula «respetuosa protesta y salvaguarda de derechos», al considerar que la admisión de la prueba instada «extemporáneamente» por las acusaciones, «vulnera los principios de igualdad de armas, contradicción, derecho de defensa del artículo 24 de la Constitución Española (CE), así como el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9 de CE».

Dicho lo anterior, al abogado defensor solicita en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que no se reanuden las sesiones del juicio oral hasta que no se disponga de la «completa y profusa» prueba documental que se les ha admitido a las acusaciones.

Además, pide que «se nos confiera y transcurra un prudencial pero suficiente plazo para el análisis de dicha documentación y utilizar, en su caso, el derecho a proponer prueba dentro de dicho término». A su juicio, la anterior petición «deberá ser acogida, pues hasta no conocer el contenido de la nueva documental admitida (aún no incorporada al proceso y cuyo contenido es desconocido) las defensas no podrán aún siquiera evaluar la concreta necesidad de articular medios de prueba en su descargo». Añade en este sentido que, «dado que está prevista la reanudación para el 12 de febrero, nuestros defendidos no podrían preparar con plenitud de armas la prueba de interrogatorio de acusados, si la citada prueba documental se introdujere en el proceso en momento posterior a dicho día o, si se alterare el orden comenzando por los testigos -cuestión previa solicitada por la defensa de Martínez Aguayo-, las defensas no podríamos articular interrogatorio de descargo ante presuntos documentos de cargo que aún se desconocemos».

Por último, expone que la jurisprudencia es «unánime» al establecer los requisitos necesarios para la admisión de prueba en momentos posteriores a los escritos de calificación provisional, ya que se exige «que no constituya un obstáculo a los principios de contradicción e igualdad en garantía de la interdicción de toda indefensión» razón por la cual, el traslado de la documentación a las defensas con plazo para su estudio y término de proposición de nueva prueba «ha de imperar so pena de la conculcación de derechos en los términos expuestos».

En este sentido, en el citado auto de 22 de enero de 2018, la Sección Primera, aplicando doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, señala que las pruebas propuestas al inicio del juicio pueden practicarse en el acto del plenario, ya que «no van a suponer ningún entorpecimiento ni dilación de la causa, y no constituyen un obstáculo a los principios de contradicción e igualdad en garantía de la interdicción de toda indefensión, pues las demás partes pudieron proponer, en su caso, nuevas pruebas».

«Mala fe procesal»

El escrito presentado por las defensas de Manuel Gómez y Antonio Estepa, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que resulta «palmaria la indefensión provocada» a las defensas con la resolución de la Audiencia por cuanto que lo que se pretende «es completar y adicionar nuevos elementos a los escritos de acusación que en su día presentaron las acusaciones». Por ello, señala que «no puede admitirse tal pretensión, pues dicho trámite procesal precluyó». Al parecer de estas defensas, debe acordarse la suspensión de la continuación de la vista y, de resultar necesario a la vista de dicha documental, «se confiera a las defensas trámite para proponer los medios de prueba que resulten pertinentes y relacionados con lo anterior en aras a evitar que se irrogue un mayor perjuicio e indefensión a los acusados».

Por su parte, Víctor Manuel Moreno Catena, abogado defensor de Martínez Aguayo, formula en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, «la más firme protesta por la admisión probatoria acordada», dado que la misma supone «la vulneración del derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva». Según Moreno Catena, el proceder de los acusadores, que se han presentado en la puerta del juicio oral con «un ingente arsenal probatorio», actuando con «una evidente mala fe procesal», ha generado indefensión» a los acusados, situándoselas acusaciones en «una posición de privilegio porque se les ha admitido un extenso elenco de pruebas tanto documentales como testificales».

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