El decreto de renta mínima incorporará las aportaciones de colectivos sociales

María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad. :: efe
María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad. :: efe

La consejera amplía el plazo para llevar al Consejo de Gobierno la norma, que se tramitará por vía de urgencia, tras reunirse con las entidades

L.G.-S. SEVILLA.

Los colectivos sociales realizarán sus aportaciones al decreto que regulará la renta mínima de inserción, que aplazará así su envío al Consejo den Gobierno para contener estas consideraciones. Así lo acordó ayer la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, tras reunirse con Comisiones Obreras Andalucía (CCOO-A), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (FACUA) y la Federación Empresarial Andaluza de Sociedad Laborales (Feansal), entidades que participaron en su día en la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Renta Mínima de Inserción Social.

El decreto será tramitado por la vía de urgencia, por lo que este plazo ampliado para las aportaciones de los colectivos sociales no impedirá que se cumpla el compromiso de que entre en vigor en octubre, formulado por la presidena de la Junta, Susana Díaz, en el último pleno del Parlamento. La prestación será del 78% del Iprem, incrementada en un 10% por cada persona integrante de la unidad familiar distinta de la persona solicitante de la misma, hasta un máximo equivalente del 125% de dicho Iprem, según anunció la presidenta.

La renta mínima de inserción social se concibe como una prestación garantizada, «medio e instrumento para la inserción social y laboral en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la marginación en Andalucía», según declara la consejera. Se prevé que beneficie a 42.500 unidades familiares y cuenta con una previsión presupuestaria de 819 millones de euros para el ejercicio 2018-2021.

El documento básico sobre el que se trabaja contempla que se amplíe el tiempo de percepción de la Renta Mínima hasta 12 meses. En el caso de mujeres víctimas de violencia de género y unidades familiares con menores de edad a cargo, se podrá prorrogar cada seis meses si continúa la situación.

Se refuerza el apoyo a aquellas familias que presentan una mayor dificultad para su inclusión, como son las unidades familiares monomarentales o monoparentales, las que la integren personas con discapacidad o las familias en las que hay tres o más menores, que incrementarán el importe a percibir.

Se modifican algunos de los requisitos establecidos en el anterior Ingreso Mínimo de Solidaridad, como el poder solicitarlo varias unidades familiares sin parentesco que convivan en el mismo domicilio, o acreditar una relación de pareja estable. No se consideran computables las pensiones de alimentos, las remuneraciones por acogimiento familiar, las prestaciones por hija o hijo a cargo, las pensiones de orfandad, las prestaciones económicas derivadas de la Ley de Dependencia, y las becas para educación o la formación y el transporte, según ha explicado Sánchez Rubio.

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