La declaración hoy de Fernández, clave en el juicio del 'caso ERE'

Antonio Fernández. /E. P.
Antonio Fernández. / E. P.

El que fuera consejero de Empleo fue uno de los autores directos del sistema de las ayudas por el que hay otros 21 cargos procesados

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández está citado hoy para declarar en el juicio del 'caso ERE' que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Sevilla. El juez que preside el tribunal, Juan Antonio Calle Peña, aplazó en dos ocasiones la declaración del exconsejero por una afonía de voz. Su declaración es clave en el desarrollo del juicio, ya que el exconsejero está en el epicentro de la materia que se enjuicia, si la administración andaluza utilizó un procedimiento específico ilegal para pagar ayudas sociolaborales durante la primera década del milenio con el conocimiento y conformidad de los 22 procesados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Fernández, como viceconsejero primero y consejero de Empleo después desde 2000 a 2010 fue responsable directo del programa de las ayudas para prejubilaciones y empresas en crisis cuestionado, casi 800 millones de euros en esa etapa.

Fernández se enfrenta a ocho años de cárcel y a treinta de inhabilitación, acusado de prevaricación y malversación. Junto al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero es el único de los 22 ex altos cargos procesados que ha pasado por prisión. Ingresó la madrugada del 24 de abril de 2012, en martes de feria de Sevilla, tras declarar durante dos días seguidos ante la primera instructora del caso ERE, Mercedes Alaya. Salió cuatro meses después, en agosto, pagando 450.000 euros de fianza.

El juez instructor que cerró la investigación, Álvaro Martín, considera que como viceconsejero y presidente de IFA «impulsó de manera directa la implantación» el procedimiento para la concesión y pago del dinero de las ayudas. Siendo viceconsejero y presidente del IFA (instituto de fomento de Andalucía) firmó con el consejero José Antonio Viera el famoso convenio marco de 2001 como instrumento regulador para pagar las ayudas a los beneficiados a través de la agencia pública, aunque con cargo a partidas asignadas en el Presupuesto a la citada consejería. El IFA, luego IDEA, pertenecía al organigrama de Empleo, pero en 2004 pasaron sus competencias a la Consejería de Innovación, aunque el convenio siguió aplicándose y las ayudas se siguieron abonando a través de este ente público y por el procedimiento administrativo de las transferencias de financiación.

La Fiscalía y las acusaciones de PP-A y Manos Limpias sostienen que el objetivo de pagar las ayudas por este sistema era eludir la fiscalización previa. Álvaro Marín acusó a Fernández que la agencia fuese empleada como «caja pagadora de subvenciones y ayudas a sabiendas de que no podía obrar como tal en los supuestos de subvenciones excepcionales».

Interrogado

En sus declaraciones ante la primera instructora, Mercedes Alaya, el exconsejero defendió que el convenio suscrito en 2001 para regular la concesión de las ayudas «es y sigue siendo legal», y a preguntas de la magistrada sobre si Manuel Chaves, José Antonio Griñán y el resto del Consejo de Gobierno conocían la «operativa» del sistema, contestó que «sí», ya que, como subrayó, «no había nada ilegal». También reconoció que las ayudas «no se fiscalizaban» una por una a priori, pero sí se realizaba un control 'a posteriori'.

Dijo entonces que las ayudas «eran discrecionales pero no arbitrarias», pues aunque «no las conocía todo el mundo, no había que darles publicidad porque sí las conocían los sindicatos y los empresarios a través de la Ley de Presupuestos y de los acuerdos de concertación social». Una respuesta parecida a la que Gaspar Zarrías dio al fiscal que le interrogó el pasado miércoles.

Fernández también será interrogado por haber aparecido como prejubilado en un ERE subvencionado por la Junta a la empresa González Byass, en la que figuraba como empleado desde 1988 a 2008. Le hubieran correspondido 380.000 euros. El exconsejero nunca cobró su renta y lo explicó en su día afirmando que al conocer la apertura de investigación judicial sobre los ERE pagados con dinero de la Junta renunció a poder hacerlo.

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