El Constitucional tumba la semana laboral de 35 horas de los funcionarios andaluces

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero. / Efe

La Junta pide al Gobierno diálogo y dar marcha atrás, mientras que los sindicatos anuncian movilizaciones

MARIA DOLORES TORTOSA

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra el decreto de la Junta que devolvía a los empleados públicos andaluces la jornada de 35 horas semanales, vigente desde el pasado enero, lo que ha implicado la suspensión cautelar de la medida y en teoría la vuelta a las 37,5 horas de más de 270.000 empleados públicos. La suspensión no se aplicará de inmediato. La Junta alegará ante el Constitucional, para lo que tiene 15 días que no se cumplen hasta septiembre, ya que agosto es inhábil a efectos del alto tribunal.

Si ya la presidenta de la Junta, Susana Díaz, calificó de «hachazo» a los derechos laborales de los empleados públicos la presentación del recurso hace dos semanas, ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, tildó la decisión del Constitucional de un «jarro de agua fría» y de «despropósito» que la propuesta de la suspensión cautelar partiera del Gobierno de Rajoy . Montero llamó por teléfono al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y le pidió que el presidente solicite al Constitucional que levante la suspensión cautelar. «Esta sería la medida más rápida y limpia, el efecto es como si no se hubiera presentado», manifestó.

«El Gobierno ha agotado el plazo para presentar el recurso sin que haya habido diálogo con Andalucía» maría jesús montero, consejera de hacienda

«Estoy decepcionado con la falta de sensibilidad del Gobierno que preside Mariano Rajoy» josé luis heredia, Presidente del CSIF-Andalucía

«Creo que cuando se ha querido imponer de manera unilateral, se cometió un error antonio sanz, delegado del gobierno

Montero hizo esta petición al ministro en aras del diálogo institucional entre ambas administraciones después de que Montoro dijera el pasado día 17 al vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, que no habría «conflictividad» sobre las 35 horas. Montoro informó que su departamento estudia la aplicación de las 35 horas en 2018, pero por secciones y de acuerdo con las comunidades autónomas. Su secretario de Estado para las Administraciones Locales, Roberto Bermúdez de Castro, avisó, no obstante, que el Gobierno seguiría adelante con el recurso contra la Junta.

El Constitucional también ha suspendido varios preceptos de la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2017, los que hacen referencia a las partidas destinadas para devolver a los empleados públicos la antigua jornada laboral, ampliada por el Gobierno de Rajoy media hora diaria en 2012 dentro de las medidas de ajuste para rebajar el gasto en deuda pública.

La suspensión cautelar en ambos casos «no supone anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el tribunal resolverá en próximas fechas», informa el alto tribunal en un comunicado. Si bien sí supondría un gran problema de funcionamiento a la Junta de Andalucía, sobre todo en los servicios sanitarios y educativos, al haber contratado ya a unas cinco mil personas, de las siete mil previstas, para compensar las dos horas y media de menos en la jornada semanal.

En caso de que Rajoy no ceda, el Gobierno andaluz trasladará al Constitucional «toda una batería de argumentos jurídicos» para convencer a sus magistrados de su competencia para modificar la jornada laboral de los funcionarios. Montero aún ha reclamado a Montoro una ronda de contactos a partir de septiembre para que las 35 horas se hagan extensivas al conjunto del Estado. «Son peticiones sensatas. También lo pide el conjunto de los sindicatos».

La solución más rápida es que Rajoy pida al Constitucional que no aplique la suspensión

De hecho CC OO, UGT y CSIF anunciaron movilizaciones en septiembre si el Gobierno no daba marcha atrás con la suspensión cautelar. El presidente del CSIF, José Luis Heredia, lamentó la «falta de sensibilidad» de Rajoy con los empleados andaluces. Heredia coincidió con Montero en pedir explicaciones a Juanma Moreno, presidente regional del PP, por haber dado a entender que mediaría para evitar «algo tan negativo para la economía andaluza». Montero añadió no entender la mediación de Moreno: «O bien tomó el pelo a los empleados públicos o bien no le hicieron caso».

De hecho, Heredia pedirá este martes explicaciones al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, en una reunión por la tarde.

Quien ha respondido por el PP y el Gobierno es su delegado en Andalucía, Antonio Sanz, quien ha recordado que fue la Junta la que actuó de forma unilateral y ahí estuvo su error. «Lógicamente se tenía que presentar el recurso porque hay que garantizar la igualdad de todos los ciudadanos españoles», dijo.

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