Chaves y Griñán insisten en que ni conocieron irregularidades ni intervinieron en las ayudas

Magdalena Álvarez y Manuel Chaves conversan durante el juicio . :: Julio Muñoz. efe/
Magdalena Álvarez y Manuel Chaves conversan durante el juicio . :: Julio Muñoz. efe

Los antiguos titulares de Hacienda, entre ellos Magdalena Álvarez, señalan a Empleo como responsable del diseño y gestión de los fondos cuestionados

MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA.

La segunda sesión del juicio por la pieza política del 'caso ERE' continuó ayer con la lectura de los escritos de la defensa. Solo dio tiempo a que se leyeran ocho de los 22 acusados, por lo que todas las fuentes del caso auguraban que las cuestiones previas previstas para esta semana serán aplazadas al 9 de enero. Como el tribunal tendrá que tomarse su tiempo para deliberar sobre ellas, el juicio como tal, con la declaración de los acusados, de 114 testigos y 12 peritos, no comenzará hasta febrero. La lectura de los alegatos de la defensa sirvió para recordar por qué los acusados defienden su inocencia.

En el caso de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán sus escritos recalcan que no intervinieron ni en el sistema cuestionado por ilegal ni en las ayudas, ni conocieron que hubiera irregularidades con las mismas, aspectos que Griñán y otros acusados, como Magdalena Álvarez, circunscriben al ámbito de la Consejería de Empleo. En este sentido, la lectura también sirvió para atisbar desde fuera dos bloques entre los acusados. Por un lado, los cargos que no tuvieron firma o decisión directa en las ayudas y por otro los que sí la tuvieran, básicamente los imputados de Empleo

La defensa de Manuel Chaves, al que la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por prevaricación continuada y el PP dos de cárcel por asociación ilícita, argumenta que en sus funciones como presidente no estaba la obligación de conocer lo que acontecía en una dirección general de Empleo sobre una partida presupuestaria. «Ni conocía ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas sociolaborales puesto que nadie le advirtió de ello y el interventor general tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación», leyó el secretario del tribunal, Rafael Castro, sobre lo escrito por el letrado del expresidente Pablo Jiménez de Parga.

La defensa de Griñán incide en que el cometido del departamento de Hacienda en la elaboración de los presupuestos es sobre los ingresos, correspondiendo a las distintas consejerías los programas de gastos, su diseño y ejecución. «La responsabilidad de Hacienda es hacer que el presupuesto sea en todo ordenado». «La administración de los gastos y objetivos de estos son de las consejerías», añade con idea de hacer ver que Hacienda, del que fue titular entre 2004 y 2009, no tiene la obligación de vigilar cómo y de qué manera gasta Empleo sus partidas.

Señalando a Empleo

En esta idea abundaron después la antecesora de Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, y la sucesora, Carmen Martínez Aguayo, sentadas juntas frente al tribunal. «Tanto la configuración de los gastos, como la selección de las transferencias vienen referidas por las consejerías que van a ejecutarlas, no por Hacienda», afirma la defensa de la que también fue ministra de Fomento.

Junto a Griñán y Aguayo, insisten en que no recibieron ningún informe de alerta de menoscabo de fondos o irregularidades con estos. También defienden la legalidad de las transferencias de financiación con las que se traspasó dinero de la Consejería de Empleo a la agencia IFA-IDEA para el pago de las ayudas sociolaborales, un modo que la Fiscalía y la instrucción considera ilegal. El de Griñán recordó que el interventor Manuel Gómez, también procesado, dijo en su día que es un instrumento «legal», aunque «inadecuado» para las subvenciones sociolaborales. «No es un matiz, sino una diferencia sustancial», enfatiza el escrito de su letrado, José María Mohedano.

El Supremo

La defensa de Griñán acudió en varios párrafos al escrito de acusación del juez Alberto Jorge Barreiro del Tribunal Supremo, que lo imputó de prevaricación, pero no de malversación, delito al que ahora se enfrenta con peticiones de la Fiscalía de seis años de cárcel. «En 2015 el Supremo dijo que no se había acreditado que (Chaves y Griñán) conocieran que los fondos estuvieran destinados al lucro ilícito de terceras personas. Sigue sin acreditarse».

Griñán y Chaves eran entonces aforados como senador y diputado, respectivamente. Tras dimitir los dos en junio para facilitar la investidura de Susana Díaz (condición impuesta por Ciudadanos), el Supremo renunció a seguir instruyendo y la causa pasó de nuevo al juzgado 6 de Sevilla, cuyo instructor, Álvaro Martín, acusó a Griñán de malversación por omisión.

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