El cementerio de Granada denuncia cinco contratados 'fantasma' del entorno del PP

Emucesa gestiona el cementerio de Granada. /Alfredo Aguilar
Emucesa gestiona el cementerio de Granada. / Alfredo Aguilar

El informe jurídico indica que en la etapa de Torres Hurtado se realizaron contratos de alta dirección, con un coste de 335.000 euros, sin que trabajaran para la empresa

QUICO CHIRINO GRANADA.

El consejo de administración de Emucesa -la empresa que gestiona el cementerio de Granada- acordó ayer llevar al juzgado el caso de los supuestos contratos 'fantasma' a cinco personas del entorno del PP que, según el informe del actual gerente, no pisaron las oficinas. La reunión fue tensa; entre otras cosas, porque entre los miembros asistentes estaba la última consejera delegada en la etapa de José Torres Hurtado, María Francés. La deliberación se prolongó cerca de las dos horas y, finalmente, el consejo acordó acudir a la jurisdicción penal; una de las opciones que planteaba el informe jurídico entregado el pasado 17 de enero por un despacho de abogados.

La decisión -en líneas generales- fue compartida por el socio privado y contó con la abstención de los dos representantes del PP, la mencionada Francés y el independiente Fernando Egea.

EL INFORME JURÍDICO

Jurisdicción Penal
«Interposición de querella o denuncia, ejercitando activamente las acciones penal y civil contra los consejeros delegados afectados y las personas contratadas, como acusación particular. (...) O dejando el asunto en manos del Ministerio Fiscal».
Jurisdicción Civil
«El ejercicio de la acción social de responsabilidad, reclamando a la consejera delegada afectada el importe del daño causado. Ello comporta su destitución simultánea al acuerdo de la acción».
Laboral
«Habida cuenta de que las personas contratadas han obtenido un lucro a cargo de la empresa y han participado en la causación del daño, cabría también la exigencia de su reintegro, previa declaración de nulidad de los respectivos contratos».

El Ayuntamiento tendrá que recopilar ahora la documentación y entregarla al director general de Emucesa para que dé cumplimiento a lo acordado por el consejo de administración.

Según las fuentes consultadas, se tratará de una denuncia contra los dos responsables políticos en los gobiernos de Torres Hurtado y los cinco contratados entre 2005 y 2012, el exedil Eduardo Moral y la concejala María Francés. El informe jurídico deja al margen a un sexto trabajador. Tendrá que definirse en la documentación que se entregue en los juzgados si, finalmente, se trata de una acción tan directa contra personas concretas.

Sí fue compartida de manera mayoritaria la necesidad de dar cumplimiento a las recomendaciones del informe jurídico. Y ese documento -en poder de IDEAL- establece como primera acción de actuación: «La interposición de querella o denuncia, ejercitando activamente la acciones penal y civil contra los consejeros delegados afectados y las personas contratadas, como acusación particular en calidad de parte perjudicada». El abogado considera que existen indicios de posibles delitos de malversación de caudales públicos.

Acción civil

En cambio, no hubo una posición clara en la reunión de ayer sobre la acción civil y la reclamación a María Francés del «importe del daño causado». Tampoco sobre la posibilidad de exigir a los cinco contratados el reintegro de las cantidades». Igualmente, el consejo de administración no se pronunció sobre la posibilidad de que los hechos hayan prescrito en el caso del exedil Eduardo Moral. El informe jurídico encargado por el consejo de Emucesa confirma que, en la etapa de José Torres Hurtado, se firmaron siete contratos de alta dirección a seis personas. «Sólo consta que la primera de ella asistiera a la sede de la empresa y realizara algunos trabajos para la misma. (...) De las demás no se conoce ningún trabajo, ni recibieron instrucciones del director gerente, ni han asistido a la sede de la empresa», recoge el informe. «Cabe concluir que la contratación de estas personas se realizó realmente para fines ajenos a la actividad de Emucesa», concluye.

La empresa que gestiona el cementerio, y que entonces era cien por cien municipal, abonó a estas cinco personas 335.000 euros.

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