La batalla del impuesto a las herencias

Protesta contra el impuesto de sucesiones el miércoles en el Parlamento, que rechazó su supresión a propuesta del PP. :: julio muñoz. efe

La presión del PP durante años en Andalucía ha logrado la simpatía ciudadana hasta el punto de forzar un nuevo pacto de PSOE y C's para rebajar otra vez este tributo

MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA.

«El impuesto va a caer en Andalucía, la presión es brutal». Esta frase pronunciada por el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, en la tribuna del Parlamento este pasado miércoles suena a premonición. Moreno vio ese día rechazado su tercer intento para que la Cámara aprobase una proposición de ley para la supresión del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las herencias de padres a hijos. Perdió por la oposición de la mayoría de izquierdas, PSOE, Podemos e Izquierda Unida, pero está convencido de que esta batalla «quien la va a perder es Susana Díaz», ya que cree que la presidenta andaluza al final claudicará y bonificará el impuesto más allá de la exención actual en las herencias de menos de 250.000 euros por hijo o familiar directo.

De esto también está convencido el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, quien disputa la bandera contra este impuesto a Juanma Moreno y logró la citada rebaja para los Presupuestos de este año. Marín votó la propuesta del PP, aunque lo hizo para no parecer contrario a una ideología política que comparte, aunque no las maneras. Esta primavera ha subido el listón y ha puesto como condición al PSOE -si quiere que le vote el Presupuesto de 2018- la bonificación hasta un millón de euros de herencia y la de los coeficientes porcentuales autonómicos, lo que hace que Andalucía sea la comunidad con el impuesto más alto.

Aunque la Cámara siga sin darle la razón y C's se lleve el gato al agua con un acuerdo con el PSOE, el PP andaluz, que lleva 13 años solicitando una bonificación escalonada hasta el 99%, se siente ganador en la calle, que hoy incluye también a las redes sociales. A través de ellas, el PP ha logrado una movilización ciudadana contra un impuesto que «produce dolor a muchas familias». Ha recogido más de 300.000 firmas.

Al contrario que otras movilizaciones emprendidas por el PP, esta sí ha calado, sobre todo porque la clase media profesional y de pequeños empresarios, a la que todos los partidos cortejan, es la más perjudicada. O como dice Marín: «A esta situación casi todos nos tenemos que enfrentar tarde o temprano en nuestra vida». Aunque Marín, como el PP, también señala el gravamen que el impuesto incluye a la donación de negocios o dinero de padres a hijos como uno de los obstáculos para remontar la crisis, sobre todo en pequeñas empresas y autónomos. Lorenzo Amor, presidente de la ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) solicitó a los grupos políticos que apoyaran la propuesta del PP.

Plataforma Stop Sucesiones

En esta batalla ha tenido especial relieve la asociación Stop Impuesto Sucesiones, presidida por Juan Carlos Valverde, un sevillano empleado de una empresa de seguros de 56 años entregado con ardor guerrero a conseguir que la Junta de Andalucía suprima este tributo. «Los ricos tienen los instrumentos fiscales y medios proporcionados por el propio gobierno para evadirlo o reducirlo al máximo», dice en su página web para desmentir a los responsables de la Junta cuando afirman que la bonificación actual solo obliga a pagar a personas ricas. «Es la clase trabajadora la que paga», insiste.

El ejemplo más conocido es el de los herederos de la duquesa de Alba, quien fijó su residencia en Madrid, donde el impuesto está bonificado al 99%, pese a pasar gran parte de su vida en Sevilla, donde murió. Hija predilecta de Andalucía, con esta artimaña evitó que sus hijos tributaran por sus numerosos bienes en Andalucía, cuyo gobierno admite haber pleiteado y perdido cien millones de euros por ello.

La plataforma se ha convertido en la canalizadora de numerosas historias humanas de herederos que han tenido que hipotecarse o arruinarse para mantener el patrimonio familiar. Historias como la de «Francisco y sus hermanos, que perdieron el hotel que les dejó en herencia sus padres, subastado tres veces, adjudicado por ocho veces menos de su valor y además le deben todavía 90.000 euros a la Junta de Andalucía por el impuesto de sucesiones», contó Juanma Moreno. O como la de María Angustias, que relató en 'La Mañana' de La 1 de TVE que aceptar la herencia de su marido fue su ruina por culpa del impuesto de sucesiones en Andalucía.

«El drama del impuesto de sucesiones tiene nombres y apellidos y causa dolor y sufrimiento a muchas familias que esperan una solución urgente, además de penalizar inversión y ahorro dando lugar a la fuga de empresas y capitales», sostiene el líder del PP andaluz.

Son historias con las que el PP ha logrado tocar la fibra ciudadana y ganar terreno en la batalla de las cifras y argumentos esgrimidos por la Junta andaluza. Dos hermanos que hereden 250.000 euros cada uno no tributarán, pero el líder del PP recoge en sus redes sociales la historia de un joven de 30 años que para acceder a un patrimonio de 800.000 euros de sus progenitores tendría que pagar en Andalucía 164.109 euros, frente a 89.163 euros en Castilla-León (gobernada por el PP), 5.950 euros en Baleares ( PSOE) y 1.586 euros en Madrid (PP).

Fuga de capitales

Esta brutal diferencia entre unas comunidades y otras es lo que para el PP y la plataforma Stop Sucesiones deja sin argumentos las cifras de la Junta: Solo algo más del 2% de las herencias tributan a la Junta. En 2015, cuando aún el mínimo exento era de 175.000 euros, de los 250.000 herederos solo pagaron unos 19.000. La recaudación en Andalucía fue de 360 millones de euros, de los 2.454 millones de euros a nivel estatal. Menos que en Madrid, que bonifica el tributo a casi todo el mundo.

Esta es la razón por la que el PP alerta de la renuncia a las herencias. «Desde 2007, año del comienzo de la crisis, según datos del colegio oficial del notariado, el número de renuncias aumentó en un 420%, cerrando el 2016 en el 13,1% más de 20 diarias», asegura en su web StopSucesiones.

Moreno también lamenta la fuga de empresas y capitales a otras comunidades, motivo por el que la presidenta, Susana Díaz, acusó a en la Conferencia de Presidentes de enero a su homóloga de Madrid, Cristina Cifuentes, de hacer 'dumping' para atraer capitales de otras comunidades porque su financiación es mejor. La Consejería de Hacienda y Administración Pública sostiene que muchas renuncias se deben más a las plusvalías municipales que han de pagar o a las cargas hipotecarias del inmueble que a la tasa regional.

Lo evidente es que la burbuja inmobiliaria y la crisis han empobrecido a los herederos. Muchos no tienen dinero para pagar y tampoco los bancos les prestan. Hay un componente sentimental para quedarse con la propiedad familiar y muchos aceptan sin poder luego dar marcha atrás. Y ahí surge el drama. Pierden la herencia y aún han de pagar a Hacienda. «Es un bandolerismo institucional, robando al pobre para dárselo al rico, embargando a la clase trabajadora unos bienes que son malvendidos a quienes realmente tienen capital sobrado para su compra», dice Valverde en su web.

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