Anticorrupción apoya rebajar la fianza al PP en la causa de IDEA

SUR

sevilla. La Fiscalía Anticorrupción considera «excesiva» la fianza de 30.000 euros impuesta por la jueza María Núñez Bolaños al PP-A para personarse en la causa por las transferencias de financiación de la agencia IDEA y pide su rebaja «hasta un importe que no impida el ejercicio de la acción popular».

La Fiscalía se pronuncia así en un escrito, del que da cuenta la agencia Efe, tras el recurso presentado por el PP-A contra la fianza impuesta por Núñez.

El Partido Popular presentó a su vez una recusación contra la jueza, que no ha sido admitida, por considerar que tenía especial «interés» en apartar de la causa «partes incómodas» ante los lazos familiares con una trabajadora de IDEA que podría ser investigada en la causa, cuñada de la magistrada, y a través de la cual podría tener conocimiento «extrajudicial» de datos sobre la misma. No obstante, distintas fuentes aseguraron que este familiar «nunca» gestionó las transferencias de financiación.

En el auto en el que Núñez justificó, a petición de la Audiencia, la fianza de 30.000 euros al PP-A avanzaba la posibilidad de que esta causa, que investiga presuntas irregularidades en las transferencias de financiación de la agencia pública IDEA (organismo pagador de las ayudas de los ERE), «podría convertirse en una causa de dimensiones y con afectados, personalidades políticas de signo contrario al partido que ejerce la acusación popular, aún mayor que la de los ERE» y añadía que a su juicio en el caso ERE y las piezas derivadas del mismo también «debió exigirse, desde un principio, fianza» al PP-A.

Núñez calificaba la fianza como «adecuada con los medios económicos del Partido Popular» si bien el PP recurrió al tildarla de «inasumible», un recurso ante el que la Fiscalía coincide en que la cuantía fijada «no parece adecuada por excesiva» ni «proporcional».

El escrito del fiscal delegado de Anticorrupción, Fernando Soto, señala que en causas similares, el Supremo ha impuesto al PP fianzas de entre 1.500 y 6.000 euros, por lo que «interesa que sea reducida la cuantía de la fianza impuesta a la parte apelante como condición para la continuación del ejercicio de la acción popular hasta un importe que no impida u obstaculice gravemente el ejercicio de la acción popular».

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