Andalucía mandata por ley que se prime a jóvenes en planes de empleo y vivienda

La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, y el portavoz, Juan Carlos Blanco. /Julio Muñoz. EFE
La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, y el portavoz, Juan Carlos Blanco. / Julio Muñoz. EFE

La primera Ley de Juventud tendrá una dotación de 485 millones de euros para los primeros cuatro años

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de la ley de Juventud de Andalucía tras cuatro años en elaboración. Se trata de la primera vez que una autonomía eleva a rango de ley todas las políticas que se desarrollan o se piensan desarrollar para un segmento poblacional de 15 a 34 años que en Andalucía supone 1,9 millones de personas. La ley trata de ser sensible con los dos principales problemas que afectan en estos tiempos a este colectivo, el empleo y el acceso a una vivienda. Para ello el texto de 55 folios mandata a las administraciones correspondientes que se primen a los jóvenes en los planes que hagan sobre estas materias, aun sin concretar medidas específicas y tampoco porcentajes.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, subrayó como principal novedad la obligatoriedad de un plan de empleo juvenil para disminuir el paro en este sector siempre y cuando la tasa de desempleo de los menores en Andalucía supere la media europea. El plan deberá recoger medidas para el retorno de jóvenes emigrantes. La ley no dice qué administración debe elaborar y financiar el citado plan, pero sí que en el mismo deben participar la Junta, los ayuntamientos, las organizaciones empresariales y sindicales y el Consejo de la Juventud de Andalucía.

Este órgano, ya existente, cobra un papel protagonista en la ley, de forma que su voz será imprescindible en cualquier política de las administraciones que concierne a la juventud. Su papel será estelar en la elaboración del Plan Integral de la Juventud, que deberá hacerse de forma transversal por todas las consejerías de la Junta.

El Consejo, integrado por colectivos y entidades de participación juvenil, se «blinda» y se «refuerza» con esta ley, según explicó la consejera. Tendrá mayor autonomía y competencias y su organización ahora a escala regional y provincial se ampliará a los ámbitos local y comarcal. El Consejo podrá realizar estudios y propuestas sobre el impacto de las políticas en la juventud. También podrá establecer acuerdos y convenios con entidades públicas y privadas.

En materia de vivienda, la ley introduce como principal novedad la valoración específica de la edad dentro de los registros públicos de demandantes que gestionan los ayuntamientos. La ley, que se dotará con 485 millones de euros en los próximos cuatro años, regula las cien escuelas de tiempo libre de la Junta. El capítulo de sanciones está especialmente ligado con el uso que se haga en estas entidades que dan cursos y expiden títulos.

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