Andalucía inicia la regulación por ley de la lucha contra la obesidad

Andalucía inicia la regulación por ley de la lucha contra la obesidad

Exigirá a los restaurantes menús saludables, obligará a tener aparcamientos para bicicletas en empresas y controlará la comida en centros escolares

Lalia González
LALIA GONZÁLEZ

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó ayer el proyecto de ley con el que la comunidad se convertirá en la primera que lucha por una norma específica contra la obesidad. El proyecto difiere poco del anteproyecto que se aprobó el pasado año y incluye un amplio catálogo de medidas que ahora se remite al Parlamento autonómico para su tramitación. Entre otras medidas, la Junta exigirá a los restaurantes menús saludables y les obligará a ofrecer a los clientes un recipiente con agua y vasos, de forma gratuita.

Los principales cambios se refieren a la inclusión de planes específicos para extender las normas anti obesidad a los ayuntamientos y matices de menor entidad en diversos aspectos de una norma muy compleja y amplia, cuyo nombre oficial es Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada.

El proyecto, que explicó en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno la consejera Marina Álvarez, quiere hacer frente a un problema de salud pública que afecta al 16,6% de la población adulta y un 23%de la infantil.

Hacia los más jóvenes se orienta en especial esta futura ley, que también da atención preferente a las mujeres embarazadas, afectadas por obesidad en un 15,2%, personas mayores y grupos sociales desfavorecidos. Entre las medidas más destacadas figura la garantía al acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, que deberán tener fuentes. Se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua refrigerada gratuita a través de sus dispositivos o junto a ellos. Bares y restaurantes deberán ofrecer a sus clientes un recipiente con agua y vasos, de forma gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.

En materia educativa, los centros docentes tendrán que establecer, en un plazo de dos años, un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física. También hay una batería de normas para evitar incentivar el consumo de productos hipercalóricos y de bebidas no alcohólicas entre menores de 15 años, así como su publicidad. Los centros no podrán vender los alimentos que superen las 200 kilocalorías y los institutos de secundaria deberán exponer en lugar visible el valor calórico de las porciones, tanto en máquinas expendedoras como en zonas de restauración. Se prevén igualmente iniciativas para la distribución de frutas y verduras y la participación del alumnado en huertos escolares, con prioridad para las zonas con necesidades de transformación social.

Se crea el Sistema de Información de Calidad Nutricional de los Alimentos en Andalucía, un índice global que se aplicará tanto a los productos envasados como a los de venta a granel o comercializados en comercios minoristas. Permitirá comparar alimentos y productos de la misma familia y entre diferentes marcas comerciales.

Información

A las empresas andaluzas de alimentación se les exigirá que incluyan en sus sistemas de autocontrol la información que suministran al consumidor para asegurar que no promueven, de forma directa o indirecta, una alimentación no saludable o no equilibrada. Deberá existir aparcamientos de bicicletas en las empresas con más de 50 trabajadores o, en su defecto, en las inmediaciones de cada centro.

El proyecto exige a los restaurantes que dispongan de menús de diferentes tamaños de raciones y tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares.

Se prevé asimismo un Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, con medidas que se extenderán a centros educativos, universidades, espacios de ocio, empresas, establecimientos de restauración y centros de personas mayores y con discapacidad, así como de promoción del transporte activo, de los entornos que favorecen el ejercicio y de los espacios para facilitar la lactancia materna. Se contempla también un plan de sanciones.

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