El PP amenaza con los tribunales a Susana Díaz por el bloqueo en la RTVA

Juanma Moreno y el vicepresidente Jiménez Barrios. :: efe

El mandato del consejo de administración lleva tres años caducado y su presidente dimitió sin que el Gobierno de la Junta tramitara su cese

MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA.

El control de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) o Canal Sur ha sido un habitual campo de batalla en la guerra política de PSOE y PP. Ahora el principal partido de la oposición ha lanzado un nuevo órdago al Gobierno de Susana Díaz. En pleno debate sobre el bloqueo a la renovación de la RTVA a instancias de Podemos y Ciudadanos, partidos aún excluidos de su consejo de administración pese a contar con representación en el Parlamento desde abril de 2015, el PP amenaza con llevar a los tribunales al Gobierno de Susana Díaz. Culpa a este de «hacer trampas» para evitar la renovación del consejo, cuyo mandato expiró en mayo de 2014, y seguir contando con la mayoría en el citado órgano de gobierno. El Ejecutivo de Díaz responde que es el PP el que hace trampas.

El PP ha descubierto ahora que el Gobierno andaluz no publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el cese del presidente del consejo de administración, el exalcalde de Granada José Moratalla, quien presentó su renuncia a finales de abril de 2014, según quedó reflejado en el Boletín del Parlamento (BOPA), informa el PP.

En aquel momento su marcha hubiera supuesto que el entonces vicepresidente, Mateo Risquez, director de Comunicación del PP, hubiera asumido las veces de presidente durante tres meses, según marca el reglamento de la Ley de la RTVA, tiempo en el que se hubiera elegido un nuevo presidente o, si no había consenso, un coordinador. Si bien sucedieron varias circunstancias. Una semana antes de dimitir Moratalla, el 24 de abril de 2014, el consejo de la RTVA, con mayoría del PSOE, nombra un vicepresidente primero, el socialista Francisco Rodríguez, que asume las funciones, con limitaciones, del presidente. Un mes después expira el mandato de los 15 miembros del consejo de administración (entonces ya 14, siete del PSOE, seis del PP y uno de Izquierda Unida) nombrados en 2008, cuando aún era presidente Manuel Chaves. El reglamento no contempla sustituciones fuera de mandato (seis años), por lo que sólo cabía esperar a la renovación del órgano para normalizar su funcionamiento.

El PP advierte de un posible delito de prevaricación Todos los grupos parecen estar conformes en negociar en septiembre

Este, sin embargo, no se produjo entonces y sigue bloqueado tres años después. Lo que resulta extraño para el PP es que después de Moratalla hubo dos dimisiones de consejeros del PP, Esperanza O'Neill, en noviembre de 2014, y Jorge Moreno Osorio, en julio de 2015. Ninguna de las vacantes han podido ser cubiertas tampoco, pero sus ceses sí fueron publicados en el BOJA a diferencia del de Moratalla.

En 2014, cuando dimitió Moratalla, la renovación sólo era posible con el acuerdo entre PSOE (47 diputados) y PP (50), ya que la ley de 2007 de la RTVA establece como requisito el voto a favor de tres quintos del Parlamento (65 de 109 diputados) para la elección del consejo de administración.

La falta de acuerdo entre PSOE y PP sobre la RTVA había impedido un año antes la elección de un nuevo director general al dimitir en marzo de 2013 Pablo Carrasco. La ley exige un respaldo de dos tercios en primera votación (72 diputados) y tres quintos (65) en una segunda para la elección del director general. Como solución intermedia, el Gobierno de José Antonio Griñán aprobó un decreto para que un subdirector llevara las riendas de Canal Sur, la mayor empresa pública de la Junta con 1.500 trabajadores. El cargo recayó en un hombre de la casa, el periodista Joaquín Durán.

Ni con Griñán ni con Susana Díaz como presidenta, PSOE y PP se pusieron de acuerdo, ni para el nombramiento del director general ni para la renovación de un consejo de administración que cuesta 1,2 millones de euros y que varias veces los sindicatos del ente han pedido su supresión, ya que el Parlamento cuenta con una comisión permanente no legislativa de seguimiento de la RTVA y sus filiales - aquí sí con representación de los cinco grupos políticos-, que podría hacer las mismas funciones.

El PP esgrime que el PSOE impidió el pacto en 2014 porque en esta fecha su grupo era mayoritario y hubiera tenido mayor representación en el consejo. Con el actual reparto de escaños cabría un acuerdo de PSOE (47), Podemos (15), Ciudadanos (8) e Izquierda Unida (5) para la renovación de la RTVA, si bien el PSOE insiste en que en la solución debe estar también el PP (33). Ambos partidos se han culpado de no querer un acuerdo que implicaría, según están conformes todos los grupos, la reducción del número de miembros del consejo, pasar de los 15 actuales a 11 o 9, para lo que habría que reformar la ley de la RTVA.

El PP puso primero como condición la sustitución de Joaquín Durán para empezar a hablar. Ahora exige la publicación en el BOJA del cese en 2014 de Moratalla. Según la secretaria general del PP-A, Dolores López Gabarro, la publicación de su baja supondría la disolución de este órgano y obligaría al PSOE a su renovación sin más excusas, algo que, en su opinión, no desea Susana Díaz para seguir manejando como «un instrumento de propaganda» la cadena pública de televisión y radio.

Prevaricación

El PP entiende que una vez advertido el vicepresidente y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, de quien depende la agencia pública de la RTVA, este podría incurrir en un supuesto delito de prevaricación si no se publica el cese de Moratalla. Barrios ya aclaró este martes tras el Consejo de Gobierno que si se demuestra que no se ha publicado, se hará.

«Lo sorprendente es que ahora el PP, para justificar su posición hasta el momento, se agarre a algo que parece que acaba de descubrir», señaló Jiménez Barrios, aludiendo a que el PP tiene representantes en el consejo que nunca advirtieron nada. «Si no se ha hecho se tendrá que hacer, pero en cualquier caso ¿cuál habría sido la consecuencia?», se preguntó para responder: «La consecuencia es la obligación de los grupos parlamentarios de ponerse de acuerdo para conformar un nuevo consejo de administración». Dijo, recordando que es el Parlamento el que decide los nombramientos, no el Gobierno.

Para Barrios la nueva presión del PP significa que está dispuesto a un acuerdo. El PSOE tiene previsto abordar en septiembre una negociación con los grupos no solo sobre la renovación de la RTVA. Como hasta ahora, los socialistas quieren incluir en las conversaciones a todos los órganos de extracción parlamentaria pendientes de renovación: Cámara de Cuentas, RTVA, Defensor del Pueblo y Consejo Consultivo.

La ofensiva del PP se ha producido después de las reiteradas pullas de Ciudadanos a PP y PSOE por el bloqueo y dos semanas después de que Podemos se involucrara por primera vez con iniciativa propia para dar una salida a la «enquistada» renovación en la RTVA, en palabras de Teresa Rodríguez. Este partido ha logrado por ahora la primera reunión de todos los grupos para abordar una negociación, aunque acabó sin un acuerdo ni siquiera sobre el calendario.

Fotos

Vídeos