El PP alerta sobre el recurso de los letrados de la Junta al Constitucional sobre los ERE

El PP alerta sobre el recurso de los letrados de la Junta al Constitucional sobre los ERE

Venzal subraya que los propios abogados del Gobierno andaluz vaticinan impunidad de delitos y pérdida de millones de euros que no podrán ser reclamados

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSASEVILLA

El juicio de la pieza política del ‘caso ERE’ se reanuda mañana martes en la Audiencia Provincial de Sevilla con una cuestión polémica colateral: La que deriva del recurso de amparo que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía han presentado al Tribunal Constitucional contra la decisión de la Audiencia de Sevilla de no enjuiciar más de una vez a los cargos políticos procesados.

El vicesecretario de Sectores Productivos del PP Andaluz, Pablo Venzal, advirtió ayer de que en el texto de este recurso los propios letrados de la Junta vaticinan que el caso puede derivar «en impunidad de delitos, en la prescripción y en la pérdida de cientos de millones que no serán reclamados».

El recurso de los letrados de la Junta buscan poder seguir acusando en las distintas piezas del ‘caso ERE’ sobre las ayudas supuestamente fraudulentas a aquellos ex responsables políticos de la Consejería de Empleo responsables de su concesión. En concreto reclama amparo contra un auto y una providencia de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla en los que se pronunciaba en contra de que al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los 22 enjuiciados en la pieza política, se le volviera a procesar por la misma macrocausa.

El argumento que centra esta petición es que los hechos de la rama principal, la de la pieza política ahora en juicio, no engloban la concesión de las distintas ayudas, por lo que aunque fueran juzgados múltiples veces, cada vez lo serían por hechos distintos.

Los servicios jurídicos de la Junta, acusación particular en el ‘caso ERE’, dejaron de aparecer como tal en el juicio que ahora se sigue en la Audiencia debido a que, en su escrito sobre el procedimiento específico, pidió su archivo al entender que el sistema administrativo para las ayudas era legal y no hubo delitos de prevaricación y malversación.

Los letrados de la Junta sí entienden que hubo delitos penales en la concesión directa de las ayudas, por lo que siempre han planteado ejercer la acusación contra responsables políticos de la Consejería de Empleo, como Fernández y exdirectores generales de Trabajo como Javier Guerrero.

Si bien, el giro este verano de la Audiencia de Sevilla puede dejar a los letrados de la Junta sin poder ejercer también esta acusación en las más de 160 piezas abiertas por cada una de las ayudas a empresas y entidades.

Se trata de una cuestión que los letrados de la Junta han situado ahora en manos del Tribunal Constitucional y que enreda todavía más el embrollo de la macrocausa del ‘caso ERE’. En este sentido, el PP, que está personado en la causa también como acusación, achaca la compleja situación en la que se halla la administración autonómica a que en su día desistiera de seguir siendo acusación contra los 22 cargos políticos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el juicio de la pieza política.

Para el PP, los letrados siguieron instrucciones del Gobierno de Susana Díaz, aunque este siempre ha mantenido que los servicios jurídicos de la Junta actúan con independencia en este y otros asuntos en materia judicial.

El diputado del PP Pablo Venzal calificó de «irresponsable» la decisión de los servicios jurídicos de la Junta, que achaca a Susana Díaz «para proteger a sus padrinos en la Junta y en el PSOE». Según una nota del PP con declaraciones de Venzal, este afirma que el recurso de amparo de la Junta al Tribunal Constitucional se explica «porque no tiene posibilidad de ejercer la acusación contra ellos en ningún momento, ni de pedir responsabilidades penales, ni tampoco puede reclamarles el dinero como responsables civiles del fraude». Y que esto dejaría en mal lugar a Susana Díaz.

Venzal subraya que los letrados reconocen en su escrito al Constitucional estar ante «delitos de corrupción», desdiciendo al propio PSOE, que, en su opinión, se afana «por reducir el caso a irregularidades administrativas».

Con todo, lo que más llama la atención al diputado por Almería es que los propios servicios jurídicos de la Junta reconozcan que hay hechos «que podrían quedar impunes, al no poder ser perseguidos por la Junta en los tribunales, a pesar del enorme quebranto provocado a la Hacienda Pública».

Tárrago defiende que la instrucción de las causas se entregue a los fiscales

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha defendido la «independencia» del Ministerio Público para poder asumir la instrucción de «cualquier procedimiento», incluidas macrocausas como la de los ERE, y ha opinado que, en general, debe haber más controles administrativos y más límites en la gestión del dinero público para evitar que se active «la maquinaria judicial» para asuntos que se pueden resolver en un estadio previo.

En una entrevista concedida a Europa Press, Tárrago afirma que la «neutralidad» de la Fiscalía en la justicia está garantizada porque se «sujeta a la legalidad» y ha hecho hincapié en el trabajo desempeñado por la Fiscalía Anticorrupción.

Ha recordado que los fiscales anticorrupción de Sevilla dependen directamente del Fiscal Jefe Anticorrupción y de la Fiscalía General del Estado, y es precisamente «esta dependencia jerárquica y la unidad de criterio», ha dicho, las que garantizan una «independencia y autonomía plena». De hecho, considera que existe una «falta de voluntad política» para otorgar la instrucción de las causas a los fiscales», a pesar de que agilizaría la justicia, como ya ocurre en la jurisdicción de menores, donde ella ha trabajado durante once años, y aboga por poner en marcha las reformas legales que permitan llevarlo a cabo.

La fiscal superior reconoce que la corrupción es una materia delictiva que le «preocupa» por el «daño que hace a una sociedad democrática». Entiende que cuando este tipo de asuntos llegan al Juzgado es porque los filtros anteriores han fallado, tanto la gestión política como la administrativa, y se muestra crítica con que se ponga en marcha la maquinaria judicial cuando se ha podido responder en un estadio previo.«Si se ve que un procedimiento no funciona, ha de modificarse; la gente no puede excusarse en que desconoce que se hacía de esta manera u otra gestión».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos