Alaya no critica el juicio de los ERE, sino la «injerencia intolerable» de la clase política en el Poder Judicial

La jueza Mercedes Alaya, el pasado jueves en Valencia. :: efe/
La jueza Mercedes Alaya, el pasado jueves en Valencia. :: efe

El presidente del TSJA pide a la jueza «ser prudente» en sus opiniones y defiende la imparcialidad de todos los compañeros

M. D. TORTOSA /YENALIA HUERTAS SEVILLA/GRANADA.

La jueza Mercedes Alaya ha querido hacer unas aclaraciones tras la polémica por sus afirmaciones sobre el juicio del 'caso ERE' en un foro el pasado jueves en Valencia sobre independencia judicial. En un escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada asegura que nunca manifestó en relación al juicio que tuviera una «incertidumbre fea» sobre el desenlace del mismo si es recurrida la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Aclara que esta frase en concreto iba referida a los procesos en general cuya revisión pasa del Tribunal Supremo a los altos tribunales autonómicos.

Alaya, que fue primera instructora de la causa de los ERE, admite que se equivocó al situar en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) la resolución a un probable recurso de casación de la sentencia que dicte el tribunal sevillano, ya que este caso pasará al Tribunal Supremo por haberse abierto su instrucción antes de la entrada en vigor en 2015 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo califica, no obstante, de un «mero error insignificante» que atribuye a «las circunstancias propias de las respuestas en directo», al final de una conferencia y «al cabo de casi dos horas» de coloquio.

Añade Alaya, ahora magistrada en la sección séptima de la Audiencia de Sevilla, que se trata de «un detalle meramente accesorio», que aunque no es aplicable en este juicio sí lo será a los juicios por los delitos contra la Administración - y subraya entre paréntesis «delitos de corrupción política»- que tendrán lugar «en un futuro no muy lejano». Se refiere la jueza a los casos que también afectan a la Junta de Andalucía, como el de 'Invercaria'.

Alaya escribe que los fiscales pueden seguir instrucciones del Gobierno en procesos de corrupción

Alaya, aunque aclara que no se refirió al caso concreto del 'caso ERE' cuando mencionó lo de «incertidumbre fea», sí mantiene en este escrito sus dudas sobre la imparcialidad de los tribunales autonómicos y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y arremete contra ellos.

«Lo verdaderamente importante -anota- es que aunque los integrantes de esta sala pueden ser los mejores juristas, y además merecen todos mis respetos, existe a mi juicio y en opinión de muchos jueces una apariencia de falta de independencia porque los miembros de la misma son cargos discrecionales». Alude a que un tercio de la sala está nombrado por el Consejo General del Poder Judicial de una terna que le facilita cada Parlamento autonómico. «Considero que se trata de una injerencia insoportable del poder político», enfatiza en su escrito.

La magistrada lamenta que la Prensa haya destacado su error al atribuir la revisión del juicio ERE al TSJA, cuando, en su opinión, lo «fundamental» es su mensaje crítico sobre «la enorme preocupación que sentimos una gran parte de la judicatura por la injerencia intolerable en el Poder Judicial», reitera, aludiendo «en primer lugar» al Consejo General del Poder Judicial, «cuyos vocales son nombrados en un reparto de cuotas entre los diferentes partidos políticos a través del Congreso y del Senado». Califica de «politizado» el citado Consejo y de «potencial amenaza» para su independencia su sistema de elección.

En segundo lugar apunta al Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno, lo que, en su opinión, deriva en una falta de independencia de los fiscales a la hora de trabajar con procedimientos contra la Administración «o de corrupción», ya que pueden seguir «las indicaciones» del Gobierno de turno «para formular escritos de acusación o solicitud de archivo de la causa» «según los intereses políticos».

El presidente del TSJA, Lorenzo del Rìo, pidió prudencia a la jueza con sus declaraciones personales sobre compañeros. «No es bueno ni conveniente en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, que un juez o una juez se interese u opine sobre la actividad jurisdiccional de otros compañeros», dijo en Granada. «En principio, todos son independientes y así lo están demostrando en el día a día», dijo para insistir: «No es bueno opinar sobre un asunto que además se está empezando a enjuiciar». Hay que ser «muy prudente» a la hora de lanzar opiniones «que luego, en un determinado momento, afectan a la imagen y a la realidad», remarcó.

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