Los agentes sociales dan su apoyo a la Junta en la batalla por mejorar la financiación

Susana Díaz y el presidente de la patronal, Javier González de Lara. :: raúl caro/efe/
Susana Díaz y el presidente de la patronal, Javier González de Lara. :: raúl caro/efe

UGT apunta la posibilidad de movilizaciones, CCOO reclama «firmeza» al Gobierno andaluz y la patronal pide que no crezca la presión fiscal

LALIA GONZÁLEZ-SANTIAGO SEVILLA.

El primer round de la tanda de entrevistas que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha preparado para buscar el consenso ante la reforma del sistema de financiación autonómica, se saldó ayer con el respaldo unánime de los agentes sociales a la defensa de un mejor trato para Andalucía. Aunque cada uno de los representantes de empresarios y sindicatos introdujo matices, hasta el presidente de la CSIF, nuevo en estas lides, mostró un claro rechazo a un reparto que llegó a calificar de «injustificable».

Queda ahora la segunda parte, las entrevistas con los líderes de los grupos parlamentarios, que será el lunes en citas de mañana y tarde, de menor a mayor, y con la gran expectativa de la posición que adopte el presidente del PP-A, Juanma Moreno, a quien el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, en su valoración de las reuniones de la mañana, emplazó a «arrimar el hombro» y a «estar a la altura» al elegir «entre los intereses de su partido y los intereses de los andaluces».

En sus sucesivas citas, Susana Díaz expuso a los agentes sociales las cifras de la desigualdad de trato que Andalucía recibe en la actualidad y que suponen, a ejercicio cerrado 2015, 105 euros menos que la media nacional por andaluz, 850 millones de euros menos en ese año, más de cinco mil millones desde que el modelo entró en vigor.

Todos los convocados mostraron su disposición a participar en el grupo de trabajo creado en el Parlamento para consensuar un documento básico con la postura andaluza ante el nuevo sistema que se debe comenzar a elaborar en breve. No hay datos sobre el contenido de la propuesta de la Junta, salvo las ideas generales de que sea un sistema «justo y equitativo», en el que cada ciudadano acceda a las mismas prestaciones con independencia del lugar en que viva.

Pese al acuerdo general, cada organización hizo su lectura. Carmen Castilla, secretaria general de UGT-A, advirtió que está en juego la sostenibilidad en especial del sistema sanitario público y se preguntó cuánto se podría haber hecho, en cuanto a sustituciones, recursos o tecnología, si Andalucía hubiera recibido esos 850 millones penalizados por el actual sistema. Pero advirtió que en el nuevo modelo el dinero para la sanidad, que es el 33% del presupuesto andaluz, «debe ser finalista».

Movilizaciones

La secretaria general ugetista citó como de pasada la posibilidad de convocar movilizaciones en defensa de estas demandas de mejor financiación. Aunque no hubo más referencias, ni las hizo CCOO, quedó en el aire como una posibilidad en la estrategia, si bien fuentes del Gobierno andaluz aseguran que no se contemplan, menos aún dado que la apuesta de la Junta es por el diálogo y la negociación y por una posición común que incluya al PP.

Con todo, Nuria López, secretaria general de CCOO, insistió en reclamar al Ejecutivo autonómico «firmeza» frente al central y «valentía» en defensa de una posición que, para esta organización, debe incluir más recursos en el modelo y medidas específicas de apoyo a Andalucía que corrijan la desventaja de partida. La batalla resulta «vital para los intereses andaluces», dijo la dirigente de CCOO, que también reclamó transparencia a la Junta e información constante sobre el desarrollo de la negociación.

López dejó una frase lapidaria: «La verdadera unidad de España reside en la igualdad real de sus ciudadanos». Similar fue la posición de partida de Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), para quien un reparto justo es «el mejor antídoto contra la deriva nacionalista».

Los empresarios desean un consenso, en el marco de un pacto de Estado, que genere un marco estable para diez años, o más, que garantice la prestación sin desequilibrios de los servicios públicos, dijo González de Lara, pero advirtió de que el nuevo sistema «no perjudique el crecimiento económico ni se incremente la presión fiscal».

Heredia (CSIF) apuntaló el discurso oficial y dijo que «está en juego el futuro de Andalucía y el sostenimiento de los servicios públicos. «Es injustificable lo que se está haciendo» con la comunidad, afirmó.

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