El Constitucional suspende las 35 horas semanales de los funcionarios andaluces

Funcionarios de la Agencia Tributaria.

Admite a trámite el recurso del Gobierno, que afecta a más de 270.000 empleados públicos

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra el decreto de la Junta que devolvía a los empleados públicos andaluces la jornada de 35 horas semanales, vigente desde el pasado enero. El alto tribunal ha procedido a la suspensión cautelar de las 35 horas, lo que obliga a la Junta a implantar las 37,5 horas semanales a los funcionarios y contratados laborales afectados. La suspensión cautelar “no supone anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el tribunal resolverá en próximas fechas", informa el alto tribunal en un comunicado.

El Constitucional también ha recurrido varios preceptos de la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2017, los que hacen referencia a las partidas destinadas para devolver a los empleados públicos la antigua jornada laboral, ampliada por el Gobierno de Rajoy en 2012 dentro de las medidas de ajuste para rebajar el gasto en deuda pública.

La decisión se ha producido cuando Gobierno y Junta parecían haber encontrado una vía de entendimiento sobre este asunto. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, prometió el martes al vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, que no habría “conflictividad” sobre las 35 horas. Montoro informó que su departamento estudia la aplicación de las 35 horas en 2018, pero por secciones y de acuerdo con las comunidades autónomas. Su secretario de Estado para las Administraciones Locales, Roberto Bermúdez de Castro, dijo, no obstante, que el Gobierno seguiría adelante con el recurso contra la Junta.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, calificó de “hachazo” a los derechos de los trabajadores el recurso del Gobierno. La Junta prepara en estos momentos una respuesta a la decisión del Constitucional.

Los sindicatos CC OO, UGT y CSIF anunciaron movilizaciones si el Gobierno no daba marcha atrás con la suspensión cautelar. Los sindicatos advirtieron de que la medida del Gobierno central impedirá la contratación de 7.000 personas.

Fotos

Vídeos