La Fiscal Superior alerta de carencia de medios si se desplazan la secciones del TSJA

La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, se reafirmó ayer en su postura contraria a que se desplacen a Málaga y Sevilla las futuras dos secciones con las que se va a reforzar la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) con motivo de la implantación se la segunda instancia penal. Aparte, alertó de que la plantilla en la Fiscalía Superior actual sería insuficiente ante el posible desplazamiento.

En un encuentro mantenido ayer con la prensa en la sede de la fiscalía andaluza, consideró «mucho más razonable» que se creen estas secciones penales en Granada, donde está la sede del TSJA, y que, por tanto, no haya secciones desplazadas.

A su juicio, no existe «ninguna razón de interés general que aconseje ese desplazamiento de salas», y recordó que igual que en Sevilla está la sede del poder ejecutivo, la sede del poder judicial está en Granada. Remarcó que en caso de que se produzca el desplazamiento, los recursos humanos y los medios materiales para los fiscales están en Granada, pues también está en esta ciudad la sede de la fiscalía andaluza. «No hay plantilla de fiscales para la Fiscalía Superior suficiente en Málaga y en Sevilla; sólo hay un fiscal en Málaga y un fiscal en Sevilla que atienden esa sección territorial, pero sería insuficiente para atender el resto», apostilló.

La granadina admitió que en muchas ocasiones se abusa de la maquinaria judicial para conseguir un eco mediático de conflictos que se pueden resolver de otra manera, «pues se sabe de antemano que mucho de los asuntos no tienen ningún matiz penal», y preguntada sobre si cree que se puede producir una quiebra de la confianza del ciudadano en los fiscales por los últimos acontecimientos vinculados a la fiscalía anticorrupción, dijo que «no tiene por qué existir esa quiebra, lo que pasa es que hay gente que pueda tener interés en hacer daño a la institución de la carrera fiscal». «Apoyo las manifestaciones que ha hecho el fiscal general del Estado en esta materia, pues tenemos mecanismos suficientes en nuestro Estatuto para que cualquier injerencia o cualquier problema que haya de tipo jurídico se resuelva».La sucesora de Jesús García Calderón defendió la mecánica de los nombramientos, para los que el Consejo Fiscal, dijo, no ha tenido ni presiones ni indicaciones. «La discrepancia jurídica es normal», recalcó, y los fiscales tienen «unas garantías más que suficientes» para poder hacer su trabajo.

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