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Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria anual del TJSA. :: efe
El presidente del TSJA califica de «insostenible» la situación de la Justicia andaluza

El presidente del TSJA califica de «insostenible» la situación de la Justicia andaluza

Lorenzo del Río lamenta la falta de medios y de reformas para modernizar un sistema con récord nacional de litigiosidad

SUR

Jueves, 27 de abril 2017, 01:21

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, calificó ayer de «insostenible y poco operativo» el sistema judicial de la comunidad, en la presentación de la Memoria anual del órgano. No es la primera vez que utiliza estos calificativos, pues en su propio discurso reconoció que lleva un lustro con la misma queja. Pidió por ello soluciones «rápidas y consensuadas para un nuevo modelo que racionalice los medios y el personal y se culminen las reformas para modernizar la Justicia y las leyes, sobre todo el proceso penal.

Del Río se mostró pesimista acerca de la trayectoria registrada en los últimos seis años y dijo que «todo el avance registrado ha sido anecdótico». Aunque reconoce un «primer estadio, importante aunque incipiente» de transformación tecnológica», advierte que sigue la misma estructura organizativa y funcional , la misma planta judicial y no se acaban los proyectos en marcha en materia de oficina judicial.

El presidente del TSJA pidió también una organización al servicio de la Justicia «no a intereses localistas» y una oficina judicial al servicio de la Justicia «no a intereses corporativistas» y con urgencia, porque demorar la solución «agrava el problema y dificulta las soluciones». Andalucía volvió a ocupar el primer la cabeza nacional en número de asuntos ingresados, con un porcentaje de litigiosidad por encima del 21 % y una tasa de 145,5 asuntos por cada 1.000 habitantes, frente a los 124,9 de media nacional, solo superada por Canarias (158,7).

Balance

Los juzgados y tribunales andaluces ingresaron 1.245.470 asuntos totales, más de la mitad (64%) de la jurisdicción penal. No obstante, supone un descenso del 31 % sobre el año anterior, debido a las reformas legales que destipificaron algunas conductas y suprimieron las faltas y a que se dejaran de remitir a juzgados instructores los atestados policiales cuando no exista autor del delito denunciado.

La jurisdicción social registró un 5% de los asuntos ingresados; la contencioso administrativa un 4% y la civil supuso un 27% del total.

Mientras, la tasa de resolución evolucionó de manera favorable, situándose en el 1,03 lo que refleja, dijo el presidente del TSJA, que los órganos judiciales se situaron en un buen nivel de laboriosidad y resolvieron más asuntos de los ingresados, pese al déficit organizativo y de recursos personales. Se resolvieron 1.278.136 asuntos y quedaron en trámite al final del año un total de 494.029 asuntos, con una bajada del 4 % respecto a los que quedaron en trámite al final de 2015.

Pero persiste el problema de la tasa de congestión, que refleja la carga total de trabajo -asuntos registrados más pendientes-, siempre superior a los asuntos que se resolvieron.

El presidente del TSJA destacó así su insatisfacción por la resistencia a rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.

En materia de ejecución de resoluciones la situación continuó siendo «preocupante», ya que los asuntos pendientes al final de 2016 ascendieron a 449.461, aunque se habla de un avance en 2016 pues el número de ejecuciones resueltas (262.647) superó ampliamente el número de las ingresadas (190.803).

Por su parte, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA resolvió un total de 75 asuntos civiles durante el año 2016, de los cuales 25 se refirieron a cuestiones de competencia y, en materia penal, ingresaron 134 asuntos y se resolvieron un total de 131 asuntos.

Las Audiencias Provinciales ingresaron 52.139 asuntos, 3% más que el año anterior, y los procesos resueltos fueron 51.630, también un 3% más que en 2015.

La memoria refleja la necesidad de crear quince plazas judiciales en órganos colegiados (Audiencias Provinciales), así como otras 52 plazas judiciales para órganos unipersonales. Insiste en que «la planta judicial queda lejos de lo razonable para la litigiosidad existente» y su ampliación es «ineludible».

No obstante, considera que hacen falta más medidas, pues «la solución más jueces no determinaría por sí sola la resolución de nuestros problemas, ya que seguiría consolidando y multiplicando las deficiencias de un modelo desfasado».

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