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El obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos, tras prestar declaración en los juzgados de Sevilla.:: efe
El obispo emérito de Cádiz declara como investigado por una ayuda de los ERE

El obispo emérito de Cádiz declara como investigado por una ayuda de los ERE

Manifiesta a la jueza que pidió «con buena voluntad» 300.000 euros para los trabajadores de un geriátrico del obispado

SUR

Miércoles, 26 de abril 2017, 00:48

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El obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballos declaró ayer como investigado -antes imputado- por una subvención de 300.000 euros que le fue concedida en 2009 con cargo a la partida de las ayudas sociolaborales investigada en el caso de los ERE. Ceballos, visiblemente afectado, dijo a los periodistas tras comparecer unos diez minutos ante la jueza María Núñez Bolaños que pidió «con buena voluntad» ese dinero a la Junta de Andalucía para salvar puestos de trabajo del geriátrico del Obispado gaditano.

«La ayuda se me concedió y di las gracias», explicó Ceballos a los periodistas, según informa Efe, antes de subrayar que los puestos de trabajo que defendió, con la petición de la ayuda, se están ejerciendo en la actualidad. Ante la juez, el obispo emérito dijo que pidió el dinero al entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, a través de una carta porque así se lo dijeron desde la oficina del Arzobispado, que fue la que manejó los fondos aprobados.

El obispo emérito, que ejerció su responsabilidad religiosa entre diciembre de 1993 y agosto del 2011, contó a la jueza que ha estado enfermo y creyó morir. Por ello manifestó que declaraba ante la jueza «con la misma sinceridad» que iba a comparecer ante Jesucristo.

El representante de la Fiscalía Anticorrupción, por su parte, precisó que no había pedido su testimonio en esta pieza separada de los ERE y que tampoco había pedido su imputación, lo que hizo la juez tras la petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En el atestado entregado por la Guardia Civil al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que instruye el caso, se afirmaba que podía existir «responsabilidad penal por tráfico de influencias» del obispo emérito de Cádiz. En ese atestado, La Guardia Civil, consideró que con esta actuación se está «dando la impresión» de que los responsables de la Junta de Andalucía buscarán «la redención a través de la intercesión del Obispado».

Revisión en 2012

Según en el auto de imputación de la jueza, el obispo envió la carta al consejero el 6 de octubre de 2008. En los primeros meses de 2009 el Geriátrico solicitó la subvención «sin registro de entrada y sin que se acompañe documentación alguna». El dinero se entregó entre finales de 2009 y principios de 2010 con el beneplácito de los responsables entonces de la Consejería de Empleo y la agencia IDEA, pagadora de las ayudas.

La Junta de Andalucía inició una revisión de oficio de esta ayuda en abril del 2012, cuando ya estaba en marcha la investigación judicial por el caso ERE. El 23 de julio del 2012, la Junta dictaminó que se debía devolver la ayuda concedida al Obispado, que era nula, recuerda la juez.

Sin embargo, el 10 de diciembre del mismo año, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo emitió una nueva propuesta proponiendo el archivo del expediente, «ya que la declaración de nulidad y exigencia de devolución de la ayuda iría en contra de la buena fe de los trabajadores y/o beneficiarios», indica la instructora. Tras esa decisión, el Consejo Consultivo de Andalucía aprobó por unanimidad, el 30 de enero del 2013, archivar el expediente, y el 25 de febrero del mismo año, el exconsejero Antonio Ávila decretó el archivo de las actuaciones, recuerda la juez.

Además del obispo Ceballos, la juez había citado en esta pieza de los ERE como investigados a tres exdirigentes políticos: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez.

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