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Miércoles, 26 de abril 2017, 00:48
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El juez de instrucción Juan Gutiérrez Casillas ha decretado la apertura de juicio oral por los préstamos que Invercaria concedió a la empresa Operador Aéreo Ándalus SA, y ha pedido que, en un plazo de un día, los procesados (el exconsejero José María Martín Delgado, el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, la exconsejera de la agencia IDEA Isabel de Haro Aramberri, y los accionistas de Operador Aéreo Andalus, los hermanos Fernando y Pedro José Guerrero Ros) depositen una fianza de 1,3 millones de euros.
La fianza se exige para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse a los cinco acusados en esta pieza relativa a la sociedad pública andaluza de capital riesgo (Invercaria), según el auto de apertura de juicio oral, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El auto, que declara competente para enjuiciar el caso a la Audiencia de Sevilla, se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción afirmara que esta ayuda causó un quebranto a las arcas públicas de 1.860.000 euros.
Hasta ahora, el juez ha concluido cinco piezas de otras tantas ayudas concedidas por Invercaria a Lolita Canalla, Fumapa, a la modista Juana Martín y a Servivation. En la ayuda a Operador Aéreo, la Fiscalía ha pedido una pena de dos años y medio de cárcel para Martín, que fue consejero de Cultura entre 1994 y 1996 y participó en la constitución de la compañía aérea en 2007. Según la Fiscalía, el exconsejero habría cometido un delito de malversación por las ayudas que la empresa recibió en 2008 y 2009. Pide las mismas penas para a los socios de la compañía aérea, los hermanos Fernando y Pedro Guerrero Ros.
Además, Anticorrupción pide seis años de cárcel y 25 de inhabilitación para Pérez Sauquillo e Isabel de Haro, que pertenecía a su consejo de administración, por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Según el juez, algunas de las operaciones de Invercaria con la compañía aérea se hicieron «sobre un plan de negocios que posteriormente fue calificado de irreal y sin detalle». Otras se hicieron cuando «la entidad se encontraba en causa legal de disolución conforme a la legislación mercantil» y tenía un patrimonio neto negativo de 477.409 euros, según el juez.
Una de las operaciones de préstamo participativo «se llevó a efecto con contradicción de los contenidos de los informes internos de julio de 2009» que estaban dirigidos a Pérez Sauquillo y al consejo de administración, asegura el instructor.
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