El juez exige una fianza civil de 1,3 millones para los procesados del 'caso Invercaria'

El juez de instrucción Juan Gutiérrez Casillas ha decretado la apertura de juicio oral por los préstamos que Invercaria concedió a la empresa Operador Aéreo Ándalus SA, y ha pedido que, en un plazo de un día, el exconsejero José María Martín y otros cuatro acusados depositen una fianza de 1,3 millones de euros cada uno.

La fianza se exige para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse a los cinco acusados en esta pieza relativa a la sociedad pública andaluza de capital riesgo (Invercaria), según el auto de apertura de juicio oral, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El auto, que declara competente para enjuiciar el caso a la Audiencia de Sevilla, se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción afirmara que esta ayuda causó un quebranto a las arcas públicas de 1.860.000 euros.

Hasta ahora, el juez ha concluido cinco piezas de otras tantas ayudas concedidas por Invercaria a Lolita Canalla, Fumapa, a la modista Juana Martín y a Servivation.

En la ayuda a Operador Aéreo, la Fiscalía ha pedido una pena de dos años y medio de cárcel para Martín, que fue consejero de Cultura entre 1994 y 1996 y participó en la constitución de la compañía aérea en 2007.

Según la Fiscalía, el exconsejero habría cometido un delito de malversación por las ayudas que la empresa recibió en 2008 y 2009.

La Fiscalía pide las mismas penas para a los socios de la compañía aérea, los hermanos Fernando y Pedro Guerrero Ros.

Además, Anticorrupción pide seis años de cárcel y 25 de inhabilitación para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo y para Isabel de Haro, que pertenecía a su consejo de administración, por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Según el juez, algunas de las operaciones de Invercaria con la compañía aérea se hicieron "sobre un plan de negocios que posteriormente fue calificado de irreal y sin detalle".

Otras se hicieron cuando "la entidad se encontraba en causa legal de disolución conforme a la legislación mercantil" y tenía un patrimonio neto negativo de 477.409 euros, según el juez.

Una de las operaciones de préstamo participativo "se llevó a efecto con contradicción de los contenidos de los informes internos de julio de 2009" que estaban dirigidos a Pérez Sauquillo y al consejo de administración, asegura el instructor.

En esos informes se revelaba un déficit y fondo de maniobra negativo, a junio de ese año, de cerca de un millón de euros en la empresa aérea, que no se pagaba con regularidad a los trabajadores y que no pagaba los intereses de los préstamos de Caja Granada, entre otras dificultades, afirma el juez.

Además, en una junta general de accionistas de la empresa del 2009 "se daba cuenta de dificultades de Tesorería, y ello a pesar de las inyecciones de dinero público con los que la mercantil Operador Aéreo Ándalus S.A. era beneficiada".

Desde el primer trimestre del 2011, consta que la sociedad mercantil "carecía de director financiero, no se llevaba la contabilidad ordenada y vivía en un constante expolio de sus activos", indicó el juez antes de señalar que "la falta de organización era tal, que las cuentas anuales del 2009 se recogieron en un cuadernillo sin firmar".

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