Diario Sur

La Audiencia exculpa del 'caso ERE' a tres excargos a los que la Fiscalía pide seis años

  • Archiva la causa contra el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas y los exdirectores de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, e IDEA, Antonio Valverde

La Audiencia de Sevilla ha archivado la causa contra tres ex altos cargos socialistas de la Junta andaluza procesados en la pieza política del &lsquocaso ERE&rsquo, la llamada del procedimiento específico, en la que también figuran como acusados los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. En tres autos conocidos ayer, la sección séptima de la Audiencia exculpa al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, y al exdirector general de la agencia IDEA Antonio Valverde de haber tenido conocimiento o haber participado en el sistema administrativo para conceder ayudas sociolaborales a empresas en crisis que la instrucción del caso y la propia Audiencia considera ilegal.

Los tres estaban acusados de prevaricación y malversación por el juez instructor, Álvaro Martín, que había solicitado juicio contra ellos y contra otros 23 excargos de la Junta. La Fiscalía anticorrupción pedía para los tres seis años de prisión y treinta de inhabilitación. Con su resolución, la Audiencia de Sevilla evita que se sienten en el banquillo, sin que quepa recurso.

Según los magistrados, los tres excargos, nombrados cuando Griñán era presidente, no solo no prevaricaron, sino que «más bien» contribuyeron «al desmontaje del sistema urdido sobre la base de las transferencias de financiación como método irregular de distribución de las ayudas sociolaborales», por lo que «no se puede predicar que concurran indicios sólidos» para mantenerlos como acusados.

La Audiencia ya archivó la causa contra el exviceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez con parecidos argumentos, por lo que el número de procesados en la pieza política del &lsquocaso de los ERE&rsquo que irá a juicio pasa de 26 a 22. Aunque en los autos los magistrados de la sección séptima advierten de que el archivo solo afecta a la pieza política y no a otras que se siguen abriendo en fase de instrucción sobre las ayudas irregulares concedidas, para los tres cargos citados termina un largo calvario desde que fueron citados como imputados hace más de cuatro años por la jueza Mercedes Alaya.

Fue esta quien en enero de 2012 imputó al entonces director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera por las ayudas pagadas a dos empresas sevillanas, aunque estas fueron concedidas cuatro años antes por Francisco Javier Guerrero. La noticia cayó como un jarro de agua fría en el Gobierno de Griñán, ya que se trataba del primer cargo en activo de la Junta imputado por Alaya.

Rivera, director general desde 2010, había sido el instructor de la investigación interna en la Consejería de Empleo para detectar los intrusos en los expedientes de regulación de empleo (ERE), listado remitido al juzgado 6 que investigaba el caso. Fue cesado en julio de ese año como director general tras la formación del gobierno PSOE-IU.

Justo Mañas y Antonio Valverde fueron imputados en el auto de junio de 2013 en el que Alaya incluyó a una veintena de cargos de la Junta, entre ellos Magdalena Álvarez, y que dio pie a que Griñán renunciara como presidente ante la posibilidad de verse también imputado, como al fin resultó. Los dos fueron, como Rivera, cargos del consejero Manuel Recio, quien quiso poner orden en la Consejería de Empleo cuando estalló el escándalo de los ERE en 2011.

Alaya incluyó a Recio en 2014, cuando era diputado, en la lista de preimputados que remitió al TSJA, pero su sucesor en la instrucción, Álvaro Martín, no lo procesó en el auto del 31 de mayo de 2016 con el que cerraba la investigación de la pieza política y por tanto tampoco en el de noviembre de ese año en el que proponía llevar a juicio a 26 excargos socialistas y funcionarios de la Junta de Andalucía. Martín sí mantuvo las acusaciones contra Rivera, Mañas y Valverde. Ahora la Audiencia les libra de ir al banquillo. Todos ellos afrontaron durante el tiempo que han comparecido como imputados o acusados duras fianzas, desde los 7,2 millones de euros a Rivera en 2013 a los casi 900.000 euros a Valverde. Todos ellos sufrieron estos años embargos de sus coches, pisos y cuentas corrientes.

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