La Junta comprará viviendas en fase de desahucio para alquilarlas a sus moradores

El Gobierno andaluz ejercerá el derecho de compra preferente de viviendas en fase de subasta o dación en pago por desahucio de familias en situación de pobreza para asegurar su permanencia en ellas a cambio de un alquiler social. La Junta, que este año ha destinado cuatro millones de euros en su Presupuesto a este fin, prevé la adquisición de unas 200 viviendas hasta 2020 por este sistema.

Se trata de un nuevo intento del Gobierno andaluz de reforzar las medidas contra desahucios de familias vulnerables que viene aprobando desde el recrudecimiento de los efectos de la crisis en 2012.Entre estas medidas se encuentra la famosa Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Gobierno de coalición PSOE-IU en 2013 y ahora paralizada en parte por el recurso del Gobierno del PP al Tribunal Constitucional.

La parte mollar de esta ley era la expropiación temporal durante tres años a inmobiliarias y bancos de las casas de renta libre en la fase judicial inicial del lanzamiento para evitar el desahucio de las familias que habían dejado de pagar la hipoteca y no tienen recursos económicos. El Gobierno central argumentó en el recurso de 2014 que este mecanismo generaría una gran inseguridad jurídica a las inmobiliarias y entidades bancarias y pondría en peligro la prima de riesgo del país.

Con este antecedente a tener en cuenta, el Gobierno de Susana Díaz ha elaborado una ley que permita los mismos fines, que las familias permanezcan en sus domicilios, pero con otro mecanismo. Este es el objetivo del proyecto de ley de Tanteo y Retracto en Desahucio de Viviendas aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. La Junta ya no expropiará, sino que comprará las viviendas en la fase final del proceso, cuando salen a subasta pública o el banco acuerde la dación en pago.

En el primer caso explicó el consejero de Fomento, Felipe López, la Junta ejercerá el derecho de compra preferente por el precio que quede adjudicada la vivienda. En el segundo, la Junta pagará como precio del piso lo que la familia tenga pendiente de abono del crédito.En ambos supuestos, la administración autonómica correrá con los gastos asociados a la operación.

¿Quiénes pueden verse beneficiados? El proyecto de ley establece que la Junta ejercerá el derecho de tanteo y retracto en función de la situación socioeconómica de la familia. A priori se aplicará a colectivos de especial protección (desempleados sin ingreso alguno menores de 35 años y mayores de 65 años o víctimas de violencia de género, entre otros) y a viviendas libres, pero de características similares a las de las de Protección Oficial (VPO). Es decir, inmuebles de precios entre 70.000 y 90.000 euros.

Ahora bien, cuando la Junta actúe el morador de la vivienda ya no será su propietario. La ley establece que tendrá prioridad para un alquiler social y como la casa pasa al parque de viviendas públicas, también podría adquirirla en un futuro como ocurre ahora.

La Junta intervendrá antes de 60 días una vez que la vivienda haya sido adjudicada a un nuevo adjudicatario. En el caso de que se haya producido la subasta y la familia aún esté en el domicilio, dicho plazo se aplicará a partir del día en que el juez determine la fecha de salida de los moradores del inmueble.

Apoyo de los jueces

La ley establece obligaciones de información al estamento judicial, previo convenio con la Junta, notarios y registradores sobre desahucios, transmisiones y cambios de titularidad de los inmuebles. De esta forma, la Junta (o los ayuntamientos previo convenció con esta) podrán intervenir en aquellos casos de desahucio de familias angustiadas por la pérdida de su hogar.

Felipe López subrayó que la ley nace con la colaboración de los citados estamentos para que no sea recurrida por el Gobierno. Para ello su departamento ha esperado hasta seis meses un informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. Se trata, por ello, de una ley pionera, aunque no exenta de polémica. Hay quien, como Izquierda Unida, ve en ella un balón de oxígeno a las entidades financieras.

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