Podemos salva a Chaves y Griñán de responsabilidad en los cursos de formación

Podemos salva a Chaves y Griñán de responsabilidad en los cursos de formación
  • El Parlamento cierra año y medio de investigación sobre 1.613 millones de euros de ayudas, de los que se piden 143 de devolución, sin señalar culpables políticos

El Parlamento dio ayer carpetazo a año y medio de trabajo de la comisión de investigación sobre las ayudas de la Junta de Andalucía -desde 2002 a la actualidad- a entidades y empresas para la realización de cursos de formación sin señalar ninguna responsabilidad política. Pese a que toda la oposición había coincidido durante la comisión en señalar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos expresidentes quedaron eximidos de responsabilidad al no votar Podemos. El partido morado permitió así que la tesis del PSOE, en minoría en la Cámara, saliera ganando en una sesión esperpéntica.

La Junta concedió 1.613 millones de euros en ayudas para cursos y ahora solicita la devolución de 143 millones de euros a las entidades y empresas tras comprobar que no están justificados, según datos de diciembre de la Consejería de Empleo.

Pese a esta demanda de millones a devolver, el dictamen aprobado ayer por el Parlamento concluye que nunca hubo fraude o menoscabo de fondos públicos, porque se está a tiempo de la reclamación, aunque admite irregularidades y desmanes detectados en los adjudicatarios por el control laxo de la administración debido a una sobrecarga de trabajo de los funcionarios.

Estas conclusiones solo fueron apoyadas por PSOE y Ciudadanos, partido encargado de elaborar el dictamen al presidir la comisión. Para el resto de los grupos sí hubo descontrol y fraude. Ciudadanos, no obstante, había coincidido con el resto de partidos de la oposición en fijar responsabilidades políticas en contra de la opinión del PSOE.

PP, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida, que suman mayoría absoluta frente al PSOE, habían considerado en la comisión en señalar como responsables políticos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a sus subordinados en materia de empleo

La sorpresa de los diputados de Ciudadanos fue mayúscula cuando sin aviso previo Podemos eludió participar en la votación. Su gesto respondía, según explicó el diputado Ignacio Moreno Yagüe, a modo de protesta al considerar que el dictamen es un «paripé» porque no incluye a Susana Díaz como responsable política por haber paralizado las convocatorias de cursos de formación desde 2012. PP e IU coincidían en incluir a Díaz en el listado de responsables políticos, pero no por ello votaron en contra porque la presidenta no apareciera en el documento final al pactarlo de esta forma PSOE y Ciudadanos.

Aún así la votación sobre las responsabilidades políticas resultó cuando menos rocambolesca. El dictamen fue dividido para su votación en dos partes a petición del PSOE. Por un lado se votó las conclusiones con las responsabilidades políticas. En contra votaron 47 diputados del PSOE y uno del PP, al parecer por error. A favor votaron 42 diputados: 32 del PP, ocho de Ciudadanos (la novena, Carmen Prieto, ya está fuera del grupo y se lió al votar) y dos de IU, José Antonio Castro y Elena Cortés. Los otros tres de IU no lo hicieron por confusión a la hora de pulsar el botón.

La diputada de IU, Elena Cortés, pidió sin éxito al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, repetir la votación, aunque esta no hubiera cambiado la decisión final, ya que sin los 15 diputados de Podemos no hubiera salido adelante la propuesta de responsabilidades.

Lo único aprobado del dictamen es la parte que incluye el relato de los hechos, en los que se admiten irregularidades pero no menoscabo de fondos públicos, y recomendaciones para una gestión rigurosa de las ayudas a la formación. Salió adelante con los votos de PSOE y Ciudadanos (55) y votaron en contra PP e Izquierda Unida (39). Podemos tampoco votó.

El resultado final solo gustó al PSOE, que se sintió aliviado y pletórico porque el Parlamento no señalara responsabilidades políticas a los cargos socialistas.

Aún sin estar en la pretensión de los grupos políticos, el Parlamento ha reflejado en su votación lo desinflado de un caso que saltó a la opinión pública como un nuevo escándalo del manejo del dinero público tras el 'caso ERE'. Hubo hasta 16 juzgados con causas abiertas y la Policía y la Guardia Civil efectuaron varias redadas sonadas con decenas de funcionarios y cargos detenidos, algunos con dos días de calabozo antes de pasar al juez.

Poco a poco los juzgados han archivado varias de las investigaciones al estimar que no hay delito penal, aunque sí irregularidades. En el sobreseimiento del 'caso Edu' hace varios días, el juez reclama que se devuelva la reputación a los funcionarios y cargos en su día imputados.

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